Los datos demográficos sobre Euskadi nos indican que ya hay 514.000 personas de más de 65 años y estamos cerca de que este grupo de edad, que conocemos como “los mayores” alcance la cuarta parte de la población. En la proyección que ha realizado el EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística) para el 2031, se estima que para los años 30 los mayores de 64 años supondrán una población de más de 600.000 habitantes, lo que constituirá más del 28% del total.Autor:Javier Larrea. Presidente del Observatorio de Prevención de Riesgos y AccidentesPublicación:Web OPRA www.opra.info • 17 de mayo de 2023
Estamos ante un proceso de envejecimiento de la población total que, si bien es conocido, creo que no está siendo bien atendido por nuestros gobiernos y nuestras administraciones de todos los niveles. Se trata de un fenómeno nuevo, reciente y creciente sobre el que hay que pensar. La longevidad de nuestra sociedad resulta cada vez más evidente en las calles de algunos municipios; por ejemplo, en el municipio de Getxo (Bizkaia) el uno de enero de 2022 la población mayor de 60 años suponía el 34,7% de su población total, ascendiendo al 37% en el barrio de Areeta-Romo.
Programas electorales, gobiernos municipales y longevidad
Ahora que los partidos políticos han completado sus listas de candidatos para las elecciones municipales y están presentando sus programas en plena campaña electoral, es el momento en que los aspirantes a gobernar los municipios piensen en qué objetivos van a proponer para el próximo mandato. Desde esta tribuna les voy a sugerir una prioridad para el momento de configurar el gobierno municipal y establecer las áreas de gestión municipal y nombrar las concejalías.
Muy pocos ayuntamientos tienen concejalías exclusivas de personas mayores, envejecimiento o longevidad. Y en los pocos en los que existen, salvo honrosas excepciones, aparecen compartidas, o bien como subconcejalías de otras áreas de gestión, como Acción social, Salud, Bienestar Social, Igualdad, etc. Sin embargo, por ofrecer un contrapunto, ayuntamientos que tienen muchos menos jóvenes que mayores sí que tienen Concejalías y servicios de Juventud.
Nos encontramos ante el fenómeno biológico y social de la longevidad, que constituye un grupo humano de grandes dimensiones y de características específicas, al que llegamos cada vez más miembros y nuestra sociedad y nuestras ciudades y edificios no están preparadas para acogernos.
Necesitamos unas instituciones que no solo piensen en atender las necesidades de los mayores de hoy, sino que piensen en el mañana, en lo que viene, en lo que nos espera y en cómo hemos de adaptarnos a esa esperanza de vida. Las calles, los parques, las instalaciones públicas, las estaciones, los edificios, las viviendas que se construyan hoy, tienen que estar pensadas para ser utilizadas por esta nueva sociedad más longeva.
Tenemos el reto de crear concejalías de mayores o de longevidad en los gobiernos municipales, que se hagan presentes de una manera transversal en muchas de las áreas de gestión municipal.
¿Envejecimiento o longevidad?
Propongo a quienes ya superan la edad de jubilación a resistirse a pensar que son mayores o viejos, les animo a definirse como longevos.
Sabemos que hay que ser escrupulosos con las palabras que utilizamos pues su uso condiciona el significado conceptual, si hablamos de vejez y de envejecimiento nos viene a la mente el deterioro y la pérdida de facultades, en definitiva, una concepción negativa asociada a la caducidad, decadencia o decrepitud. Es un proceso asociativo inevitable. Sin embargo, si usamos el término longevidad para referirnos a las personas que viven más años cambia sustancialmente el concepto para tener un significado de éxito, de prolongación de la vida, de disponer de más tiempo vital para afrontar nuevos retos y nuevos proyectos vivenciales.
Por eso, estas nuevas concejalías que propongo deben referirse a la longevidad y no al envejecimiento.
Ciudades amigables con los mayores
El programa “Age-friendly Environments” de la Organización Mundial de la Salud asegura que la prolongación de la vida activa y autónoma depende en gran parte, de tres factores: de la amigabilidad del diseño urbano, de la seguridad y de la adecuación de los ambientes domésticos, y establece que una ciudad amigable con los mayores alienta el envejecimiento activo (yo diría la longevidad) mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Pero en los programas de envejecimiento activo que se están poniendo en práctica por el gobierno, las diputaciones y muchos ayuntamientos han centrado, al parecer, sus esfuerzos en la participación, olvidándose en parte de la salud (lo que tiene cierta lógica puesto que no es competencia municipal) y dejando de lado totalmente la seguridad que propugna la OMS. Algunos de los programas dirigidos a mayores están quedando reducidos a programas de entretenimiento, actividad lúdica y poco más. Veamos cómo los ayuntamientos han de preocuparse de la seguridad ante la longevidad.
Ciudades seguras
Uno de los significados de seguridad que puede ser abordado desde un proyecto de ciudades amigables es el de la prevención de accidentes. Las estadísticas nos informan de las principales causas que producen las víctimas mortales de los accidentes. Por supuesto, solo una pequeña parte de los accidentes acaba produciendo la muerte de la persona accidentada, pero sabemos que reduciendo los accidentes se reducen también las consecuencias graves y las víctimas mortales: reducirlos debe ser un reto de las políticas públicas municipales en las personas de mayor edad que son quienes sufren el mayor porcentaje de accidentes. El principal accidente entre las personas longevas es el de las caídas.
Según el EUSTAT en el año 2020 se produjeron en Euskadi 173 fallecimientos por caídas (una cada dos días), siendo la principal causa de muerte accidental, de los cuales un trágico 88%, 153 muertes, ocurrieron en personas de más de 60 años. En ninguna otra causa de muerte accidental se encuentra un porcentaje tan elevado de mortalidad entre las personas mayores. Conocida la dimensión del problema evidenciada por el número de víctimas, resulta inevitable establecer la teoría de que nos encontramos ante un problema social no atendido por las autoridades políticas y administrativas. El origen de esta apatía o desidia puede estar en el desconocimiento que hay sobre estos accidentes; muy pocos son sabedores que las caídas son la primera causa de muerte accidental en su ciudad, en su provincia o en su comunidad autónoma. Podemos calificar estos fallecimientos como las muertes invisibles, pues nadie las ve, nadie las cuenta, nadie las estudia, nadie las publica.
Se suele afirmar que nos encontramos ante un problema de salud pública, pero no es cierto, de la misma manera que los accidentes de tráfico o los atragantamientos no son un problema de salud pública: son accidentes y por tanto se pueden evitar.
Si los ayuntamientos tuviesen una “Concejalía de Longevidad” esta debería ser una de sus preocupaciones y responsabilidades: lograr ciudades más seguras para que las personas longevas tengan menos accidentes.
Dejaremos para otro día el debate de cuál sería la edad más conveniente para concejal o concejala de Longevidad si partimos de la práctica habitual de que para Juventud se suele elegir a una persona joven y que la Concejalía de Mujer o de Igualdad siempre recae en una mujer.
NOTA: Este artículo ha sido publicado en los periódicos Deia, Noticias de Gipuzkoa y Noticias de Álava el 17 de mayo de 2023.
Enlace: https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/tribuna-abierta/2023/05/17/politica-municipal-longevidad-6812496.htmlEnlace: https://www.noticiasdealava.eus/columnistas/2023/05/17/politica-municipal-longevidad-6812453.html
Ya es hora de poner en cuestión que los servicios públicos de bomberos tengan abandonada una parte importante y sustancial de sus obligaciones de Protección contra incendios de la sociedad: la PREVENCIÓN.Autor: Javier Larrea. Presidente del Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes
Publicación: Web OPRA www.opra.info • 15 de mayo de 2023
La gran parte de los recursos de los servicios de Bomberos han estado tradicionalmente dedicados a la extinción de incendios y aunque la carta de servicios que ofrecen es mucho más amplia, una visita a cualquier parque de bomberos nos muestra que la mayor parte de sus vehículos y herramientas están enfocados a la extinción de incendios.
El análisis de las estadísticas de sus intervenciones nos dicen que los incendios les ocupan apenas entre el 25% y el 35% de las actuaciones.
A pesar de que todo el mundo sabe que es mejor prevenir que curar tan solo algún servicio de bomberos tiene alguno de sus miembros dedicado a la productiva tarea de prevenir, o sea a evitar incendios, y la mayoría de los servicios no tienen a nadie con esa responsabilidad.
Parece que por el momento ningún responsable técnico o político está dispuesto a cambiar nada en este sentido.
¿No habría sido mejor que en el incendio del restaurante Burro Canaglia de Madrid, al que ya se ha sumado la tercera víctima mortal, en vez de haber llegado los bomberos rápidamente en cinco minutos o menos, hubiesen llegado un mes o una semana, o el día antes para prohibir una decoración inadecuada y peligrosa?
Aviso a los candidatos de las elecciones
Ahora en plenas elecciones municipales los aspirantes a gobernar los ayuntamientos y diputaciones y CCAA, que son los titulares de estos servicios públicos, deberían emplearse a fondo en la dotación de recursos para cumplir con esta necesidad social.
Un servicio público profesional de PROTECCIÓN contra incendios debe incluir la prevención de incendios además de la extinción.
Siendo esto así, ¿no debería ser la prevención de incendios la principal función de los servicios de bomberos?
Esto es lo que ocurrirá en el Reino Unido si sale adelante la propuesta británica para reducir los accidentes de tráfico entre los conductores más jóvenes.
Todas las autoridades relacionadas con la seguridad vial están pensando en qué medidas hay que implantar para cumplir con el objetivo de reducir a la mitad las víctimas mortales y heridos graves por accidentes de tráfico como ha establecido la Asamblea General de la ONU como objetivo para 2030.
Una de las medidas que están considerando en el Reino Unido es que a los conductores noveles menores de 25 años se les impediría llevar pasajeros jóvenes en el vehículo para evitar que los conductores jóvenes lleven a amigos durante el primer año de licencia.
Estos conductores representan solo el 6% de los conductores en el Reino Unido, pero representan uno de cada cinco accidentes graves o fatales.
Con esta medida se pretende detener los accidentes automovilísticos en los jóvenes pues uno de los factores que contribuye a los accidentes que involucran a conductores jóvenes es “la presión de grupo”.
Actualmente la única restricción que tienen los conductores jóvenes del Reino Unido es que durante un período de prueba de dos años solo se les permiten seis puntos en su licencia antes de que se les revoque.
Sin embargo, los críticos con esta medida declaran que los conductores menores de 25 años representan menos accidentes que los mayores de 85 años, pero no se plantean discusiones sobre reglas similares para estos conductores mayores.
Otras medidas que están en estudio para incluirlas en la nueva New Drivers Act (Ley de nuevos conductores) son:
Más horas de prácticas.
Restringir el número de personas que puedan llevar en ciertos momentos, especialmente por la noche.
Reducir el límite de la tasa permitida de alcohol, incluso rebajándola a cero para los nuevos conductores.
Recogemos a continuación una selección de los artículos y noticias más destacados que hemos publicado durante 2022 relacionados con la Autoprotección con el enlace directo.
Desde el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes repetimos con frecuencia que las caídas son la primera causa de muerte accidental en España desde hace varios años alcanzando la cifra récord de 3655 fallecidos por caídas en 2021.
Ahora el Hospital Nacional de Parapléjicos hace público que las caídas son la principal causa de ingreso en su centro. Durante 2022 han atendido un total de 266 nuevos pacientes con lesión medular, de los que 190 fueron hombres y 76 mujeres, todos ellos procedentes de hospitales de diferentes puntos de España.
Las causas traumáticas han sido las más frecuentes, con 154 nuevos casos -58%-, y el resto, 112 -42%-, corresponden a ingresos por una miscelánea de causas no traumáticas.
Tipo de accidente
Hace años ya informaban que en 2015 el 26% de los ingresos por lesión medular sucedieron como consecuencia de caídas casuales y que el porcentaje de caídas estaba experimentado una subida respecto a los datos de años anteriores, siendo llamativo que un 33,5% de las mismas ocurran en el ámbito doméstico.
Dentro de los ingresos de origen traumático, las caídas son la causa más frecuente con 76 pacientes, frente a los accidentes de tráfico (47), accidentes deportivos (25), agresiones (3) y un accidente de avioneta. En este grupo, la edad promedio del total es de poco más de 48 años y una clara mayoría de hombres, 132, y solo 22 mujeres.
Las caídas
El gran grueso de caídas, que conforman 53 pacientes, se produjo de forma accidental. La edad media de los ingresados fue de 61 años, la mayor edad media de toda la muestra; de hecho, casi la mitad de los pacientes ingresados tenían más de 65 años. Estas caídas las sufrieron 44 hombres, en comparación con nueve mujeres.
Caídas: accidentes laborales
Del total de caídas, once fueron consideradas accidentes laborales. Todos los afectados fueron hombres, con una edad promedio de 42 años.
Caídas: Tentativa de suicidio
Doce de ellas fueron precipitaciones con intención de suicidio(1) de las cuales siete fueron mujeres y cinco hombres, invirtiéndose la habitual distribución por sexos de la mayoría de grupos distribuidos por causas de lesión medular. Asimismo, destaca la distribución por edad en esta causa, pues el promedio es de 35 años, y el 50 por ciento tenían 25 o menos años.
Accidentes de tráfico
De los 47 ingresos en el hospital por accidente de tráfico con resultado de lesión medular, 17 iban en motocicleta, 15 en automóvil con circunstancias de todo tipo -conductor, copiloto, a baja velocidad, ‘in itinere’, entre otros-, seis fueron víctimas de atropello, cuatro iban en bicicleta, tres en quad y dos en autobús.
La inmensa mayoría de los accidentes de tráfico han sido sufridos por hombres, habiendo solo cuatro mujeres.
Accidentes deportivos
Entre los 25 pacientes ingresados por accidentes deportivos y de ocio, ocho fueron por zambullida, seis practicaban ciclismo, dos motociclismo deportivo, dos surfistas, y luego hay una miscelánea de prácticas deportivas, desde paracaidismo, senderismo, escalada en rocódromo o tenis, entre otros.
Destaca el número de accidentes que se han producido por zambullida, la mayoría de ellos en piscinas -seis personas, el 75%-, incluida una caída accidental; pero también se han dado en la playa y en un pantano.
Agresión
Los tres pacientes atendidos en el centro con lesión medular por agresión, eran todos hombres, dos de ellos con herida por arma de fuego y con edades comprendidas entre los 30 y 56 años.
Enlace: https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/las-ca%C3%ADdas-siguen-siendo-la-principal-causa-de-ingreso-en-el-hospital-nacional-de-parapl%C3%A9jicos-0(1) Hemos de puntualizar desde OPRA que por la propia definición de la OMS: “una caída es la pérdida involuntaria del equilibrio” por lo que un intento de suicidio no se puede considerar una caída y tampoco es un accidente.
Aprovechando que el 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo quiero aportar mi visión sobre la necesidad de una Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo.Autor: Javier Larrea. Presidente del Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes
Publicación: Web OPRA www.opra.info • 28 de abril de 2023
Recientemente la ministra Yolanda Díaz manifestó públicamente la intención de poner en marcha una mesa de diálogo social para actualizar el marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Entiendo que tras esta declaración se encuentra la intención de modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995. Esto tiene su lógica pues a la vista de las estadísticas de accidentes laborales y los resultados que ofrecen queda claro que la LPRL ya no sirve para reducir los accidentes, al menos en la última década. Sin duda la sustitución de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971 fue un avance y la ley ha cumplido su función para reducir a la mitad las muertes por accidente laboral que había a principios de los 90, pero ya ha dejado de ser eficaz.
Recientemente en la web www.opra.info hicimos una encuesta sobre la necesidad de una nueva Ley teniendo en cuenta que la actual tiene ya 27 años. Un 87% de los 217 lectores que participaron en la encuesta opinaron que sí, lo que refuerza mi tesis de que este cambio se observa como una necesidad de forma mayoritaria.
Nueva Ley de prevención de accidentes
No tengo intención de marcar las líneas de una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales sino más bien de apuntar aquellos aspectos que considero que fueron un error de la vigente Ley y que bien podrán tenerse en cuenta para realizar las correcciones oportunas.
La ley actual habla de política en materia de prevención y yo soy más de técnica de la prevención. La LPRL me parece más bien una Ley de protección de los trabajadores en materia de seguridad y Salud que una auténtica Ley de Prevención de accidentes; de hecho, así lo afirma en su artículo 14.1.: Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Una Ley de Prevención de accidentes
En primer lugar, la Ley actual no es exclusiva de prevención de accidentes y mezcla en su articulado la salud laboral y los accidentes. Mi opinión es que es un error; la prevención de accidentes y la salud son dos disciplinas diferentes, aunque a veces puedan tener alguna conexión. Salud y accidentes han de ser abordados por separado. Por eso propongo una Ley exclusiva de Prevención de Accidentes (solo accidentes).
Riesgo Laboral es una clasificación anómala
El término “riesgo” es demasiado genérico y por eso prefiero el término “accidente” más concreto. En el incendio del restaurante Burro Canaglia de Madrid fallecieron dos personas, una era una cliente y por lo tanto será contabilizada como una víctima mortal de incendio a efectos de la clasificación CIE-10 de la OMS que es la que utiliza el Instituto Nacional de Estadística. La otra víctima era un trabajador y por lo tanto será computada por las Autoridades de Trabajo como muerto en la categoría de accidente laboral, que en realidad no es ningún tipo de accidente sino una circunstancia temporal y espacial del accidente sufrido. Desde un punto de vista preventivo es lo mismo, pero hay dos autoridades que se creen que es de su competencia, por lo tanto, se produce una absurda duplicidad de funciones que desde el punto de vista de la prevención no aporta nada.
De la misma forma que hablamos de accidente laboral porque ha ocurrido cuando estábamos trabajando, podríamos hablar de accidentes vacacionales, es decir, de cualquier tipo de accidente que se produzca en ese determinado espacio temporal.
¿Competencia nacional?
Establece la Ley que corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Ocurrió en el momento de la promulgación de la LPRL que quienes estaban en la Inspección de Trabajo tenían un perfil profesional bastante alejado de los técnicos y peritos que se dedicaban a la prevención de riesgos y accidentes. Evidentemente eso se ha corregido con el tiempo pues todos los conocimientos son susceptibles de ser aprendidos.
Al margen de esta circunstancia, considero que debería realizarse la transferencia de la Inspección de trabajo a las CCAA. En todas las CCAA ya tienen Institutos de cartón piedra con funciones deslavadas de prevención de riesgos laborales. Esos Institutos deberían hacerse cargo de la prevención de accidentes en sus CCAA.
En algunos accidentes como los de tráfico y los de incendios se ha demostrado que las competencias autonómicas y municipales han proporcionado excelentes resultados en la reducción de accidentes. Tengo la convicción de que se debería seguir ese camino.
In itinere
Los accidentes in itinere no son accidentes de trabajo, ni el espacio ni el tiempo en que se producen esos accidentes tienen nada que ver con el empleador o empresario al que no puede alcanzar ninguna responsabilidad y por lo tanto no deben ser tratados en una ley de prevención de accidentes. Cosa muy distinta es que la protección económica y social de la seguridad social alcance a los trabajadores que tengan algún percance in itinere.
Teletrabajo
En esta nueva modalidad soy de la misma opinión que con los accidentes in itinere. No son accidentes laborales a efectos de prevención de accidentes derivados del trabajo. ¿O acaso va poder ir el empresario a inspeccionar las condiciones de seguridad laboral de la vivienda del trabajador?
Exclusiones
Las exclusiones de la LPRL de los cuerpos policiales o servicios operativos de protección civil y fuerzas armadas, deben ser eliminadas o bien deberían mantenerse con el mandato de elaboración de un Reglamento específico de prevención de accidentes en esos gremios.
Reglamentos específicos de prevención de accidentes
Quizás se deberían elaborar Reglamentos específicos de prevención de accidentes en aquellos gremios en los que se detecte una mayor siniestralidad.
El culpable del accidente no siempre es el empresario
Los sindicatos no siempre tienen razón y no siempre la culpa es del empresario. El trabajador también ha de ser co-responsable de su seguridad y la imprudencia temeraria que provoca accidentes se debe contemplar con más dureza en una nueva Ley.
No me imagino que en los accidentes de tráfico el lobby de los conductores de tráfico consiguiese que en cada accidente siempre se culpase al constructor del coche o al propietario de la carretera. Algo parecido está ocurriendo en los accidentes laborales.
Según revela el informe “¡Fuego! Los incendios asegurados. Datos 2021-2022”, elaborado por Estamos Seguros de UNESPA, en colaboración con CEPREVEN y TECNIFUEGO, el sector asegurador paga cerca de 600 millones de euros al año debido a los daños que ocasionan los incendios en inmuebles. El seguro atiende un siniestro de este tipo cada siete minutos y 12 segundos en España.
El coste medio de estos sucesos asciende a 7.800 euros. Aunque la mayor parte de los incendios asegurados ocurre en viviendas, la mitad de los daños totales ocasionados por las llamas se produce en industrias (51,6%). Esto se debe a que el incendio en un hogar tiende a ser significativa menos grave (su coste medio es de 3.378 euros) que el que se produce en una industria (35.485 euros).
Edita: UNESPA
Fecha: Marzo de 2023
Enlace:https://www.unespa.es/main-files/uploads/2023/03/2023-Los-incendios-asegurados-2021-2022-FINAL.pdf
Ese era el objetivo de la exitosa Jornada Técnica sobre Incendios en Instalaciones Fotovoltaicas que organizada por AREMUR (Asociación de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia) y el Instituto Claudio Galenose celebró el 19 de abril en Murcia con la colaboración de varias entidades entre las que se encontraba el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes
Las energías renovables están creciendo de manera exponencial en estos últimos años y paralelamente a su crecimiento los incidentes provocados por las placas fotovoltaicas han ido en aumento por lo cual la jornada, que había suscitado gran expectación por ser la primera de España en abordar este asunto, contó con más de 200 inscripciones. Y casi un centenar más de solicitudes para inscribirse en la modalidad online, pero la jornada era de modo presencial.
Ponencias
Tras las interesantes ponencias de Andrés Pereira de APICI sobre el Riesgo oculto de la implantación de paneles fotovoltaicos y David Fernández de SOLTEC sobre los desafíos de la seguridad contra incendios con instalaciones fotovoltaicas, Antonio Molina de EXTINCISE habló sobre las nuevas tecnologías de PCI. Finalmente, Juan Manuel Bonilla de Bomberos de Murcia expuso la intervención segura en Incendios FV.
Demostración práctica
Los asistentes pudieron presencia la demostración de ensayo real del PVStop, el primer bloqueador de paneles solares que existe en el mercado a nivel mundial que permite manipular las placas fotovoltaicas en situaciones de emergencia sin poner en riesgo la vida de las personas. Hasta el momento, la gran dificultad de cualquier panel solar es que no se pueden “apagar” fácilmente. Mientras haya luz, los paneles solares y su cableado producen continuamente cantidades potencialmente letales de corriente continua.
Antonio Molina, Ingeniero Químico Industrial y Director Técnico de Extinción Contra Incendios y Seguridad (Extincise) explicó durante la presentación de PVStop: “es una solución que bloquea la luz o radiación solar impidiendo la producción de electricidad de Corriente Continua de los paneles solares. En cuestión de segundos crea una manta líquida que impide el paso de la luz y, por tanto, es posible manipular la zona de forma segura. Además, el producto no daña las placas fotovoltaicas y se puede retirar fácilmente.”
Además de la Federación de Empresarios del Metal de Murcia en cuya sede se celebró la Jornada las otras entidades colaboradoras fueron: Extincise, Soltec, Pixeling, Bomberos de Murcia, COITIRM, ASELF, Dronemur, Adeim y OPRA (Observatorio de Prevención de Riesgos de Accidentes).
“Investigar incendios no es función de bomberos”. Acabo de oír recientemente esta frase, a propósito de los trabajos para una nueva normativa autonómica sobre los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Tras ello, la pregunta que surge inmediatamente es “¿y entonces de quién es función?”. Y sin ponerse nadie colorado te contestan: “¿de quién va a ser?, de la policía”.
Tras el primer impacto que me causa el comentario anterior, completo la pregunta. “Sí, está claro que, si hay un acto delictivo o hay fallecidos, la policía científica tiene que actuar, es su campo de trabajo. Yo me estoy refiriendo no a la investigación criminal, sino a la investigación que tiene como fin el análisis del origen y causas de los incendios en general. Esto es, todos esos incendios, que son mayoritarios, y precisan la actuación operativa de los parques de bomberos. ¿Esos también son de la policía?”.
La respuesta me desmonta. “Sí, la investigación de los incendios no es una función de bomberos, es un tema policial”.
Hasta aquí la conversación real con un alto cargo/mando de un SPEIS.
Técnicos de Bomberos de Vitoria-Gasteiz realizando la inspección ocular
Comienzo un diálogo conmigo mismo.
P: ¿Y los bomberos y bomberas, qué función hacen?
R: Pues está claro, apagan los incendios.
P: Ahhh, vale, ya pillo la idea, los bomberos/as apagan los incendios, pero la determinación de origen y causas corresponden a la policía científica.
R: Exacto eso es, además no tenemos medios para investigar.
Pues, vaya, pienso en el daño que parece que están haciendo las series de televisión, ya que si no hay un laboratorio con muchos microscopios o no hay alguien que críe larvas de insectos, parece que no hay investigación. Parece también que una plantilla de muchos centenares de bomberos/as y una docena de técnicos es insuficiente para realizar inspecciones oculares dignas.
Tras ello vuelvo con preguntas y argumentos para que los bomberos/as investiguen los incendios.
P: ¿Luego, si quien investiga los incendios es la policía, estaremos de acuerdo de que es la policía la que más sabe sobre el origen, propagación y causas de los incendios? Esto es, quienes tienen que dar consejos sobre cómo prevenir incendios y quienes deben estar en los comités asesores de esta cuestión, como el Código técnico de la Edificación (DBSI y DBSUA), deben de ser especialistas de la policía científica. ¿no?
Mi antagonista, que soy yo mismo, tiene un momento de duda sobre este punto.
R: No tiene nada que ver, se puede saber de origen y causas sin tener que investigar. Los bomberos conocen los incendios.
P: Otra pregunta. Cuando un/a miembro de bomberos sale en televisión hablando de un incendio y dice que “probablemente ha sido un cortocircuito”. ¿Lo hace sin tener ni idea?
R: No sé qué hacen otros, yo sólo digo lo que pienso.
Por mi parte concluyo que, tal y como lo plantea mi presunto interlocutor, si los bomberos/as no hacen el trabajo de determinar cuál es el origen ni la causa de dichos incendios, sólo caben tres formas de ver la situación:
Hay alguna fuerza externa, para mí desconocida, que imparte conocimiento sin estudio, a algunos servicios de bomberos/as. Me extraña, pero puede ser. Me atendré a la frase de Sócrates de “Sólo sé que no sé nada”, y me callo. Hablaré con Iker Jiménez para que me lo explique.
No es verdad que esas personas, negacionistas de esta competencia de los SPEIS, no investiguen incendios. Sí lo hacen, pero la palabra “investigar” les chirría un poco. Para ellos/ellas igual la solución es cambiar la palabra y decir que no investigan pero que buscan, averiguan, inspeccionan, indagan, examinan o revisan los incendios para determinar origen y causa. Luego, por supuesto, no se escribe ni firma nada y así se tiene menos líos.
No hacen nada de esto y se quedan tan contentos. La mayoría de los incendios no se investigan, pero la culpa es de otro. Así se duerme más tranquilo.
Pero sí, hay algunos SPEIS que investigan, realizan buenas inspecciones oculares, en la medida que pueden, por alguna o todas estas razones:
Porque trabajan en incendios y entienden que deben conocer su origen, causas y propagación.
Porque les preocupa hacer una buena prevención, que es la que más vidas salva y para ello tienen que tener claro el punto anterior.
Porque son un servicio público esencial y creen en la calidad de los servicios públicos.
Y sí, investigar incendios, hasta donde se pueda, es “calidad de los servicios públicos”. Lo es. Y que nadie dude de que, si los SPEIS fueran privados, lo harían. ¿por qué los que defendemos el que los SPEIS deban de ser públicos no defendemos esta competencia de los mismos? ¿Por qué?
Dos muertos y diez heridos graves (por el momento) son el resultado del incendio del restaurante Burro Canaglia de Madrid el viernes 21 de abril. Al parecer, provocado por una llama abierta procedente de una pizza flambeada (según los artículos de prensa) que prendió en la decoración del techo (consistente al parecer en plantas naturales secas o de plástico, en cualquier caso, combustibles).
El incendio se propagó rápidamente por todo el local, que sólo disponía de una salida (la entrada al restaurante) causando la muerte de dos personas y diez heridos graves. Los primeros comentarios hablan de que haya sido el posible incumplimiento de la legislación sobre protección contra incendios, aplicable al local, el motivo principal de la tragedia. Consideramos que la decoración del techo, altamente combustible, unido al manejo habitual de llamas abiertas en los platos de la carta, genera la existencia de un riesgo del todo inaceptable. El siniestro, agravado por la existencia de una única salida, es la consecuencia.
Escasa cultura de la seguridad
Hay que señalar que la concienciación ciudadana sobre el riesgo de incendio y su protección es muy escasa en nuestro país. Y una inmensa mayoría de los españoles considera que el riesgo de incendio y su corrección es una simple cuestión de promulgación de reglamentos sobre PCI y de su cumplimiento. Pero la realidad es que cada vez que se produce un incendio es raro ver un análisis, sobre si el edificio, local, negocio, etc., cumplía la legislación vigente sobre PCI, y a pesar de ello se ha producido la tragedia, qué es lo que ha fallado, que la legislación era insuficiente o que las medidas exigidas por la legislación no han funcionado correctamente.
¿Cumplía el restaurante con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?
En todos los edificios, hospitales, oficinas, colegios, hoteles, etc., donde se desarrolle una actividad laboral es aplicable la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) Ley 31/95, trasposición de la Directiva Europea 391/89, que exige que el empresario debe garantizar la protección eficaz, con cuantas medidas sean necesarias, y realizando una evaluación técnica continua del lugar, con arreglo al progreso tecnológico, y con la formación y entrenamiento de los trabajadores en la actividad preventiva. Evidentemente la protección contra incendios del restaurante no era eficaz.
Además, parecería que existe un incumplimiento grave de la LPRL, en cuanto al riesgo de incendio se refiere, y que muy probablemente no se había realizado una evaluación correcta sobre el riesgo de incendio, lo que hubiera puesto de manifiesto el nivel de riesgo inaceptable en que se desarrollaba la actividad del restaurante y su corrección, lo que en principio debería haber evitado la tragedia.
Afortunadamente los incendios, de carácter urbano e industrial, no ocurren con demasiada frecuencia, y ello posiblemente sea el factor principal de que no tengamos que lamentar un mayor número de víctimas por incendio en nuestro país.
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