A propósito de las recientes inundaciones la presidenta del Colegio de geólogos nos da las claves de prevención que deberían ser tenidas en cuenta para evitar consecuencias catastróficas. Autora: Nieves Sánchez Guitián. Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos. Exdirectora de la Escuela Nacional de Protección Civil Publicación: Web OPRA www.opra.info • 6 de noviembre de 2024 La seguridad de las personas, de los bienes y del medio ambiente es uno de los pilares fundamentales del estado de derecho. En muchas ocasiones la seguridad se basa en la educación de la propia ciudadanía que, con una actitud responsable, puede evitar tragedias como los accidentes de tráfico o los incendios forestales. También la educación es el arma más poderosa de toda sociedad avanzada para conseguir el respeto entre personas y cambiar las actitudes prepotentes o machistas por comportamientos civilizados. Esta base educacional es la raíz común de problemas aparentemente tan diversos como la seguridad de las mujeres o la actitud promotora de accidentes de tráfico. Protección civil y gestión de emergencias La protección civil es una de las ideas más antiguas de la humanidad, pues ya en Atapuerca, según Bermúdez de Castro, había abuelas que cuidaban de sus descendientes, y jugaban un papel muy importante para perpetuar la especie y conseguir mayores tasas de crecimiento demográfico. El secreto de la evolución humana se llama prevención, esto es, adelantarse a lo que pueda ocurrir. La gestión de las emergencias tiene una fase de la que se habla poco y es la previa a la ocurrencia del suceso catastrófico. Actuar cuando la catástrofe ya se ha desatado, no es más que ir a salvar lo que se pueda cuando ya no tiene remedio. Construir donde puede haber terremotos sin una norma sismorresistente o con materiales inadecuados; o donde puede haber riadas periódicamente; o donde existen otros riesgos tecnológicos que pueden provocar desastres, sin poner las barreras adecuadas, es, ante todo, hacer una inadecuada política de prevención, la cual culminará necesariamente, tarde o temprano, en catástrofe, como se ha demostrado muchas veces en la historia de la humanidad. Nuestro país aprueba en altruismo y capacidad de acción rápida en situaciones de dificultad. La creación de la UME por el gobierno de Rodríguez Zapatero fue un gran acierto, ya que anteriormente el Estado no tenía medios propios con los que poder actuar en situaciones de catástrofe. Sin embargo, seguimos atados a una cultura que no trabaja el largo plazo como variable y que, ante determinadas situaciones, busca la explicación en actos divinos en lugar de creer que la ciencia está a nuestra disposición. Pero solo con este cambio podremos hacer frente al cambio climático y a sus consecuencias. Solo con cultura preventiva podremos ganar esa resiliencia como sociedad.

El secreto de la evolución humana se llama prevención, esto es, adelantarse a lo que pueda ocurrir. 

El Instituto Geológico y Minero tenía hasta hace poco la misión de dar servicio a las administraciones en todo aquello relacionado con el uso de su territorio. El cambio a un modelo completamente basado en la creación de conocimiento científico resta posibilidades al Estado de trabajar más en esa gestión directa. Únicamente en Cataluña se ha mantenido como servicio autonómico que pone su conocimiento a disposición para la mejor gestión del territorio. Lo que estamos viviendo estos días con una DANA de gran potencial destructor es algo más previsible de lo que muchas veces pensamos. El daño por inundaciones es analizable y puede modelizarse. Pero para eso hace falta cambiar la cultura que las propias administraciones deben promover. Se necesita creer más en la ciencia y poner todo ese conocimiento a disposición de la sociedad para que la toma de decisiones esté basada en datos. La ciudadanía debe exigir que se hagan mapas de riesgos, y que, cuando se diseñen planes de urbanismo, se busque la sostenibilidad desde la primera etapa de diseño. Lecciones a aprender Es necesario sacar lecciones de todo lo que nos ocurre. Quizás haya que revisar el sistema asegurador que en nuestro país es solidario por un sistema que motive a las administraciones a trabajar por una mejor gestión de los riesgos en su territorio y hacer una adecuada planificación urbanística. La deforestación lleva aparejada una pérdida de suelo, lo que lleva a que las escorrentías arrastren con mayor fuerza, aumentando el riesgo de deslizamientos. La configuración geológica de un territorio y los usos de éste requieren de un análisis sosegado que permita poner cifras y mapas a los riesgos. Solo así conseguiremos que la próxima DANA tenga menos consecuencias. El manejo de las probabilidades es necesario, aunque todavía en el derecho esté poco trabajado (véanse sentencias como la de la catástrofe del camping de Biescas y otras en las que el riesgo se ha cuantificado), y muchos piensen que esto es como una lotería en la cual no hay capacidad de influir. Es inaceptable desde una posición ética que se estén dando permisos de construcción en zonas cuyo periodo de retorno frente a grandes avenidas se ha estimado en 10 años. Invertir en análisis y conocimiento es hacer resiliencia. Con las nuevas tecnologías se pueden hacer simulaciones que ayuden a: valorar puntos críticos en los que hay que actuar, evitar actuaciones inadecuadas, mejorar la toma de decisiones urbanísticas. A fin de cuentas, se trata de tener una gestión del territorio controlada, pues lo que se hace por un lado interfiere en lo que acaba sucediendo después. Las administraciones públicas deben contar para ello con profesionales que sepan de estas materias y, lamentablemente, la geología es ignorada en las relaciones de puestos de trabajo. La geoética marca unos principios que deben ser aplicados en todas las decisiones públicas. Y la ciudadanía debe exigir que se apliquen. Solo así lograremos que la próxima vez se reduzcan los daños.

Artículo relacionado: Las emergencias de nivel 3 en inundaciones

Artículo relacionado: El lío de los avisos (caso de los rojos en inundaciones)

Tras las trágicas inundaciones del Levante español se está hablando mucho del nivel 3 de las emergencias y si se debería haber declarado o no y quién debería haberlo hecho. Vamos a intentar aclarar algunos conceptos sobre esto.

Autor: Javier Larrea. Presidente del Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes
Publicación: Web OPRA www.opra.info • 4 de noviembre de 2024

Explicación resumida y sencilla

Empiezo por aclarar que el concepto “nivel” para categorizar las emergencias no aparece en la legislación estatal de aplicación. La legislación del Estado de protección civil y de inundaciones se refiere a esta situación como “emergencia de interés nacional”.

La legislación española establece 4 situaciones de emergencia en relación con las inundaciones (del 0 al 3) siendo la Situación 3 la de las emergencias que, habiéndose considerado que está en juego el interés nacional, así sean declaradas por el/la Ministro/a de Interior. Así que lo se viene en llamar nivel 3 se refiere a la Situación 3 (situación que nunca en la historia ha sido declarada en España).

Así pues la declaración de interés nacional (la que están llamando nivel 3) la debe declarar el Ministro de Interior (no el presidente del Gobierno ni el Consejo de Ministros) por iniciativa propia o a instancias de las CCAA afectadas o por los delegados del Gobierno.

En estas inundaciones esta declaración de emergencia de interés nacional no ha sido solicitada por la Comunidad valenciana ni ha sido impuesta por el ministro del Estado.

¿Se debería haber declarado la emergencia de interés nacional?

Son muchas las voces que lo han reclamado y voy a explicar por qué no debe hacerse a la ligera.

Los que entendemos un poco de gestión pública de emergencias sabemos que asumir el mando de la dirección de una emergencia de este tipo como las inundaciones de Valencia supone asumir la coordinación de todos los servicios de una CA en una situación catastrófica, lo que es algo muy complejo que no se ha hecho nunca, no se tiene experiencia y el Estado no tiene capacidad. Además hay que hacerlo en las primeras horas del inicio de la inundación, no tras una semana, cuando ya solo se pueden recoger cadáveres. La urgencia ha de tener como objetivo salvar vidas.

Es de aplicación en este caso lo que dice la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015 que reconoce en su preámbulo que se dan “ineficiencias causadas principalmente por las dificultades de coordinación de un sistema abierto, flexible y con múltiples actores y niveles de actuación y, en consecuencia, de reconocida complejidad”. Esto es absolutamente cierto.

Imponer una declaración de Interés Nacional (lo que se llama nivel 3 en las tertulias) a una CA que no la ha solicitado, o sea en contra de su voluntad, sería un caos inmanejable.

Asumir la dirección de la emergencia no es solo movilizar a todo el ejército. Es dirigir todos los servicios públicos de la CA desconociendo la cantidad y caraterísticas de sus recursos, sus capacidades, sus jefaturas, etc. Coordinar desde Madrid los efectivos de intervención en emergencias de una CA: bomberos, sanitarios, policías locales, protección civil, servicios de limpieza, de infraestructuras, circulación, transporte público, sistema sanitario, hospitales, forenses, servicios sociales, servicios de alumbrado, agua, alcantarillado, alojamiento para damnificados, recogida de residuos, basuras, hacerse cargo del avituallamiento de alimentos y artículos de primera necesidad, gestionar el inmenso voluntariado necesario en esa situación, funerarias, tanatorios, cementerios, etc., etc., no es nada fácil. Y a esto hay que añadirles los servicios provinciales y los municipales de los ayuntamientos implicados. Gestionar una emergencia no es envíar al ejército en tropel, es muchísimo más.

¿Qué se debe hacer?

Lo único razonable es que la CA valenciana y de acuerdo con el Estado decidiesen gestionar conjuntamente la emergencia de mutuo acuerdo previa petición de la CA afectada. Ese es el camino, una vía que tenga como objetivo la rápida resolución de la emergencia.

Quienes dicen que el presidente del gobierno tenía que declarar el nivel 3 unilateralmente no saben lo que dicen. Además, no hay atribución legal de esta función o competencia al Presidente del gobierno, la declaración del interés nacional corresponde al Ministro de Interior.

¿Podría haberse hecho algo más desde el Estado?

Sin duda sí, pero este artículo no es para criticar a nadie (lo trataremos más adelante) sino para explicar exclusivamente lo relacionado con la declaración de la emergencia de interés nacional (llamada nivel 3).

Ojalá se alcance una gestión óptima de los recursos con una buena coordinación de los servicios públicos y privados para atenuar el sufrimiento de los ciudadanos. ¡Y que sea pronto!

A continuación, si te interesa, puedes leer una explicación mas amplia con aspectos técnico-juridicos más completos

La legislación aplicable es la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y el Plan Estatal de Protección Civil Ante el Riesgo de Inundaciones que tiene su origen en la Directriz Básica de Planificación ante el Riesgo de Inundaciones. 

La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015 recoge en su artículo 28 la definición de las emergencias de interés nacional estableciendo que son:

1. Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. (No viene al caso pues está más pensada para situaciones de orden público que para situaciones catastróficas).
2. Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico.
3. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.

La misma Ley en su artículo 29 establece que “(…) corresponderá la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los delegados del Gobierno en las mismas. Cuando la declaración de emergencia de interés nacional se realice a iniciativa del Ministerio del Interior, se precisará, en todo caso, previa comunicación con la Comunidad Autónoma o Comunidades Autónomas afectadas, por medios que no perjudiquen la rapidez de la declaración y la eficacia de la respuesta pública.”

Está claro por tanto que la declaración de emergencia de interés nacional (hoy en Valencia) puede ser realizada por el Ministro de Interior, pero ahondemos un poco más en la legislación vigente.

Por otra parte, tenemos la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de 1995. Esta Directriz clasifica las fases de la emergencia en su artículo 2, determinando cuáles son las cuatro situaciones preceptivas para que todos los planes de inundaciones de todas las administraciones sigan el mismo patrón:

Situación 0. Las informaciones meteorológicas e hidrológicas permiten prever la inminencia de inundaciones en el ámbito del Plan, con peligro para personas y bienes.

Situación 1. Se han producido inundaciones en zonas localizadas, cuya atención puede quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos disponibles en las zonas afectadas.

Situación 2. Se han producido inundaciones que superan la capacidad de atención de los medios y recursos disponibles, además, los datos pluviométricos e hidrológicos y las predicciones meteorológicas permiten prever una extensión o agravación significativa de aquéllas.

Situación 3. Emergencias que, habiéndose considerado que está en juego el interés nacional, así sean declaradas por el/la Ministro/a de Interior.

Esta clasificación es la misma y con la misma nomenclatura que posteriormente recoge el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones.

Aparentemente, según lo expuesto en la situación 3 de la Directriz Básica de inundaciones el/la Ministro/a puede declarar de facto esa situación. Puede parecer sencillo, pero no es tan fácil, en el Plan Estatal de Inundaciones de 2010 se detalla el procedimiento para realizar la Declaración de emergencia de interés nacional:

Cuando la emergencia reúna, o pueda reunir las características de catástrofe o calamidad pública, por el número de víctimas y daños ocasionados, el/la Ministro/a del Interior podrá declarar la Emergencia de Interés Nacional por iniciativa propia o a instancias de:

• Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas afectadas.
• Los/las Delegados/as del Gobierno en las mismas.

La declaración de la emergencia de interés nacional será inmediatamente comunicada a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas afectadas, a los/las Delegados/as del Gobierno en las mismas, al Centro Nacional de Gestión de Situaciones de Crisis a través del Departamento de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis, y a la persona que ocupa el cargo de General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias sobre el que recaerá la dirección y coordinación operativa de las actuaciones a realizar (en un próximo artículo habrá que hablar sobre este último punto que es la madre del cordero en la emergencia nacional).

Mis mejores deseos para que la población afectada se recupere cuanto antes de esta desgracia y se adopten las medidas para que nunca vuelva a ocurrir la fatalidad de que se produzcan estas muertes evitables.

Artículo relacionado: Valencia: Legislación de emergencias ambivalente

Artículo relacionado: Prevención ante desastres

Artículo relacionado: El lío de los avisos (caso de los rojos en inundaciones)

Una vez expuesta la situación actual del estado preventivo en montaña, expondremos a continuación los pilares que, desde mi modesta opinión y a modo de decálogo, deben sustentar la gestión de riesgos en montaña.

Autor: Alberto Ayora Hirsch. Presidente de la FEDME (2021-2024)

Publicación: Web OPRA www.opra.info • 16 de octubre de 2024

Propuestas para la prevención de los accidentes en montaña

1. Debe darse un papel activo y prioritario a los gestores del riesgo, a los profesionales de la seguridad, léase guías de montaña, equipos de intervención (GREIM, Bomberos, etc.), técnicos de seguridad, etc., perfiles profesionales para los cuales la seguridad es lo primero y es innegociable. ¿Quién dirige las campañas de prevención?

Valga como ejemplo la clara evidencia de la mucho menor accidentabilidad de las actividades de montaña con guías profesionales, criterio  de seguridad mucho más extendido en los países alpinos.

2. No puede concebirse una campaña únicamente con “voluntarios” desde el despacho, desde la zona llana, sin contar con los verdaderos profesionales de la seguridad que viven y generan valor en las zonas de montaña. Una campaña como la actual muy cara para su eficacia y eficiencia, y sin criterios para la autocrítica y la evolución constructiva.

Es muy interesante, como buen ejemplo (rectificare sabium est) ver la evolución de los accidentes de tráfico en España, y ver que el punto de inflexión desde 6.000 muertes/año hasta 1.000 muertes/año, aproximadamente, coinciden en un cambio desde una estrategia hasta entonces basada en la comunicación y difusión de buenos consejos, hacia una estrategia basada en herramientas y toma de decisiones, objetivas y posibilistas, para la reducción del riesgo, como radares, mayor vigilancia en las carreteras, carnet por puntos, etc., a pesar del aumento constante de los viajes en carretera. La implantación de cámaras en algunos barrancos del Pirineo y prescriptores profesionales que informan a la Oficina de Montaña del Ayuntamiento de Jaca y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) es un buen ejemplo. Y entre otras cosas nos permite evaluar cuántos accidentes y rescates ha habido en estos barrancos antes y después de su implantación.

3. La prevención y planificación debe ser en origen, pero la información y formación al visitante en el territorio debe incidir, debe realizarse en el último kilómetro. Bien en una Oficina de Montaña, como exitosamente han puesto en marcha el Ayuntamiento de Jaca y la FEDME, con guías de montaña; bien dando información profesional en los parkings de acceso al medio natural; o bien en la red de alojamientos y hostelería del territorio, a veces el único punto de contacto del visitante con el territorio. Pero si el personal es profesional en gestión del riesgo los resultados serán mejores.
4. Por supuesto no hay que olvidar cómo informar al visitante en sus hogares, algo fácil de pensar, pero más difícil de ejecutar, pero que debe realizarse de forma coordinada con los territorios de los visitantes, siempre pensando en que se debe ir a la montaña con seguridad, y bajo el marco de un Plan Nacional de Prevención.

Lo que parece poco eficaz es concentrar la comunicación de esta estrategia entre la población local en las montañas, posiblemente la mejor informada al respecto, a no ser que sea para una autojustificación de una acción difusa, más propaganda de que se debe hacer algo, pero alejado de un discurso sólido y creíble.

5. Se debe contar con todos y cada uno de los talentos, así como con las acciones de innovación que ya existen en el territorio de manera exitosa, especialmente si dichos talentos están y viven en la montaña ya que son conocedores directos de la evolución de las situaciones de riesgo. Se debe implicar directamente a los gestores del riesgo del territorio, ya que conocen y viven precisamente de ello, de gestionar todos los días el riesgo.
6. Se deben analizar y evaluar los datos obtenidos de una manera crítica y profesional, mediante lo observable, donde el observador experto puede obtener conclusiones y lecciones aprendidas, no mediante lo observado, donde se observa la situación de riesgo sin ninguna enseñanza posterior, para obtener soluciones lógicas, que podamos contrastar y medir para disminuir las situaciones de riesgo. Por eso desde el Comité de Seguridad de la FEDME trabajamos porque se creara un Observatorio de la Montaña en Aragón, y gracias a las Jornadas de Derecho y Montaña se consiguió concienciar a nuestros gobernantes y finalmente es ya una realidad. ¿Pero por qué no es el modelo que propusimos con trabajadores profesionales que midan lo observable? ¿Por qué no tenemos todavía un Observatorio Nacional como aprobaron en una PNL en el Congreso de España todos los grupos parlamentarios sin excepción?
7. Los pasos que se dan en la montaña siempre van a depender de uno mismo, del visitante, del jugador, pero las mismas administraciones públicas que promueven el destino turístico, el terreno de juego, en las distintas ciudades del país y en los países emisores de turistas, tienen que disponer igualmente de una estrategia para ir a la montaña con seguridad, la cual debe desarrollarse  en el destino y también en esos mismos lugares de promoción, formando parte indisociable del producto turístico. Ocurre que la accidentalidad en la montaña no es principalmente un problema deportivo, sino un problema esencialmente turístico. Es decir, el perfil del accidentado no es un deportista de montaña que estadísticamente adquiere la condición de turista cuando se aloja en un establecimiento hotelero, sino que es un turista que eventualmente practica una actividad en el destino de montaña, ajeno a la consideración deportiva que pueda tener la misma. El orden de los factores sí debiera alterar el producto a la hora de diseñar e integrar las estrategias de prevención de las administraciones públicas, autonómicas principalmente.
8. Si miramos a nuestro alrededor, en otros países, con situaciones similares, vemos un enfoque más profesional, con herramientas, normativas específicas, metodologías y ayudas a la decisión, objetivas y pragmáticas, con una estrategia frente a los riesgos en montaña para la realización de las actividades en montaña con una seguridad aceptable.
9. No se debe perder de vista que el problema de la seguridad en montaña también va ligado al aumento de las tensiones turísticas, a la convivencia con la población local, a la capacidad de carga y de acogida turística de las áreas naturales y al cambio en el perfil del visitante, por lo que se debe integrar la política pública de turismo sostenible con el resto políticas en un marco de planificación territorial estratégica de las zonas de montaña.
10. Se debe evitar la banalización del riesgo en montaña en las redes sociales y los medios de comunicación, algo que algunos comunicadores deben repensar, ya que el efecto llamada a un público desconocedor del terreno de juego, de condiciones cambiantes, puede provocar situaciones de riesgo indeseadas.

Como escribió Marie Curie, no hay nada que temer en la vida, sólo comprender.

Artículo relacionado: Accidentes en montaña. ¿Aumentan por la masificación?

Este verano han saltado todas las alarmas con los accidentes en montaña. Lo cierto es que llevan una evolución progresiva en los últimos años, en algunos casos con resultados mortales, lo cual siempre es una tragedia.

Autor: Alberto Ayora Hirsch. Presidente de la FEDME (2021-2024)

Publicación: Web OPRA www.opra.info • 14 de octubre de 2024

Lo que también resulta evidente y palpable es el incremento de la afluencia de visitantes en el medio natural, y en particular en zonas de montaña, y, por tanto, el aumento de las situaciones de riesgo; algo que creo irá a más, por el atractivo propio de las montañas y como refugio climático.

La sociedad, en general, percibe esta problemática como un problema estacional que se produce principalmente en verano, como los incendios forestales, y que afecta, normalmente, a “gente insensata y sin preparación”. Hay que hacer notar que las cifras, aunque como ya se ha dicho aumentan paulatinamente, y varían cada año, no son alarmantes en términos de salud pública; cuando por el contrario sí lo son los suicidios.

Sin embargo los medios de comunicación, especialmente los locales o regionales, priorizan y exponen en primera plana las noticias relacionadas con estas situaciones de riesgo en montaña, bien por la propia merma veraniega de circunstancias noticiables y/o porque realmente sí que son de interés para la sociedad.

Los accidentes en montaña normalmente afectan a un grupo de personas limitado, una persona o un grupo pequeño de 2 o 3, no siendo, normalmente, un grupo colectivo el que sufre el percance. ¿Por qué entonces este interés en los medios? Podrían darse varias explicaciones, pero queremos incidir en que se trata de una actividad saludable, que afecta a personas que hacen deporte en la montaña, en plena naturaleza, y en gran medida, a jóvenes, incluso menores. No hay que olvidar tampoco la importancia que tiene la montaña como destino turístico, y por tanto la importancia de vincular la seguridad con la calidad de un destino turístico: el objetivo debe ser mantener unas condiciones de seguridad que se consideren aceptables por sus visitantes.

La cultura preventiva en la seguridad en montaña

Sabemos que “lo que no se mide, no existe y no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”. El concepto de Cultura Preventiva sabemos que no es nuevo. La investigación del accidente de Chernóbil fue su origen en 1986. Es ineficaz tratar de implantar un modelo de Cultura Preventiva y desarrollar herramientas para avanzar en la gestión preventiva, sin medir previamente en qué situación estamos. La escalera de Parker es uno de los modelos más conocidos y utilizados. ¿En qué nivel de Cultura Preventiva nos encontramos en montaña?

Recordemos. El primer nivel es el Patológico cuando no hay interés en la prevención ni implicación alguna con la seguridad. El siguiente el Reactivo, cuando se da respuesta solo ante los accidentes y se actúa a la defensiva y con falta de previsión o planificación. En el nivel Calculador la prevención es percibida como un “problema” solo de algunos (los técnicos de seguridad) y no está integrada en todos los estamentos de la organización.

Son en los siguientes niveles donde reside el salto cualitativo en seguridad y las verdaderas mejoras. En el nivel Proactivo la organización se involucra de forma activa e integra la seguridad como un verdadero valor. Y en el Generativo la organización no sólo se involucra, sino que prima una filosofía de esfuerzo constante y sin descanso desde la óptica de la seguridad.

Estrategia preventiva actual: “No os hagáis mal”

El enfoque por parte de las administraciones, hasta la fecha, ha sido básicamente una línea preventiva blanda en el territorio afectado, siempre muy alejados del público objetivo, que reside fuera de las zonas de montaña, y digamos poco proactivo y dinámico, casi paternalista: No os hagáis mal. Resumiendo, una solución basada en consejos y más consejos, que además están muy alejados del terreno de juego, y que siempre es necesaria pero nunca será suficiente.

Por tanto, como cualquier política de la administración pública, la estrategia en la prevención en zonas de montaña debería basarse en la eficacia y eficiencia de sus acciones, y para ello, debería contar con indicadores y/o mecanismo para medir y revisar los resultados de dicha estrategia, y en su caso establecer las medidas de corrección adecuadas, algo de lo que actualmente carece. ¿Cómo medimos el éxito de la prevención en montaña? ¿Midiendo solo los accidentes?

Una estrategia de prevención debe medir y revisar los resultados de dicha estrategia

El estado actual de nuestro conocimiento en seguridad, en las zonas de montaña, está muy por delante de las campañas y medidas actuales. Por ello la sociedad plural, tecnológica y del conocimiento en la que nos encontramos, debe avanzar de forma diligente e inteligente, aplicando criterios de eficacia y de eficiencia a los recursos públicos asignados, en la mejora de la seguridad en montaña.

En la siguiente parte de este artículo propondremos una serie de medidas que considero son no solo más que necesarias, sino sobre todo actualizadas al mundo en el que vivimos.

Artículo relacionado: Accidentes en montaña (II). Propuestas para su prevención

Artículo relacionado: ¿Deben cobrarse los rescates en el medio natural? (I) [20/04/2022]

Artículo relacionado: ¿Deben cobrarse los rescates en el medio natural? (II) La corresponsabilidad [10/05/2022]