Observo perplejo que, en la mayoría de las noticias que se publican sobre incendios y sobre víctimas mortales de incendio, se menciona que los cuerpos policiales se hacen cargo de la investigación del incendio para esclarecer las causas que lo han producido. ¿Qué está pasando? Autor: Javier Larrea. Presidente del Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes Publicación: Web OPRA www.opra.info • 18 de octubre de 2022 Aclaremos en primer lugar qué se entiende por “investigación de incendios». Si investigar incendios tiene el propósito de intentar averiguar cómo y por qué se ha producido el incendio, dónde se ha producido, cuál ha sido el punto de origen del incendio, cuál ha sido la fuente de ignición, qué aparato lo ha producido, qué material combustible ha participado en la combustión, cómo y por qué se ha propagado el fuego, y cuál ha sido la afectación al edificio o instalación, y a las personas, qué equipos de protección contra incendio del edificio han sido utilizados y cuáles han funcionado bien y cuáles no han funcionado, e incluso indagar si se han producido comportamientos inseguros, eso, todo eso debe ser una obligación del servicio de bomberos, y no porque lo diga yo, sino porque hay un mandato legal. Analicemos de dónde viene esa obligación. Legislación del Estado sobre investigación de incendios La competencia y la responsabilidad de la elaboración de las estadísticas nacionales sobre los incendios en España corresponden a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias -DGPCE-, en función de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 1053/1985 de 25 de mayo sobre la ordenación de la estadística de los servicios contra incendios y de salvamento, más conocidos como “servicios de bomberos”. El legislador encomendó esta tarea a la entonces Dirección General de Protección Civil –hoy reforzada con el segundo nombre «Emergencias»–, por lo que se decide integrarla en el Plan General de Estadística del Ministerio del Interior (art. 1). El artículo 2 de este Decreto, que reproduzco íntegro y textualmente es rotundo:

Art. 2º La recogida de información relativa a cada actuación será efectuada por el Servicio contra incendios y de Salvamento al que corresponda la competencia en el lugar de la actuación. A tal fin este Servicio podrá recabar la colaboración de otros Servicios contra Incendios y de Salvamento, Servicios de Bomberos privados, equipos de autoprotección de empresas, particulares y otros servicios públicos o privados, que hayan participado en la actuación.

Así pues, el procedimiento legalmente establecido atribuye la función de la recogida de los datos del siniestro o intervención al servicio de bomberos competente en el lugar de actuación y le otorga la autoridad a este para recabar la información de otros servicios públicos y privados que hubieren participado en la actuación (art. 2). Está claro. Además, como parece lógico, para el éxito de la misión, mediante este Decreto, se crea un documento normalizado denominado “Parte Unificado de Actuación de los servicios contra incendios y de salvamento -PUA-” en el que hay que hacer constar la información recogida (art. 3); y por último, se concreta la obligación de la Dirección General de procesar la información, publicarla y divulgarla (art. 4). El 12 de diciembre de 1985 se publicó en el BOE la ORDEN Ministerial de 31 de octubre de 1985 por la que se establece el parte unificado de actuación de los Servicios contra Incendios y de Salvamento. En este parte -no del todo malo para la época y por tratarse del primer intento (y último) de unificación-, se exige que se cumplimenten datos que casi ningún servicio de bomberos lo había hecho hasta la fecha, como la descripción del número de las víctimas por sexo y tramos de edad. En el anverso del parte figura un parte específico de incendios, en que debe recogerse información tal como “causas de la iniciación y de la propagación del incendio e incluso sobre la evacuación”. El Real Decreto 1053/1985 y la ORDEN de 31 de octubre de 1985 y el PUA siguen vigentes, no han sido derogados, por lo cual son de plena aplicación. La única excusa para no cumplimentar el PUA sería elaborar uno mejor y más completo que lo amplíe y supere, lo que habitualmente no ocurre. Es cierto que la Dirección general de protección civil y emergencias del Estado solo elaboró la estadística anual desde el año 1987 hasta el año 1992, y que esta dejación produjo bastante cabreo en los servicios de bomberos y en el sector de protección contra incendios en general, pero esta inhibición por parte del Ministerio del interior, no es óbice para que los servicios de bomberos no cumplan con su deber de elaborar este parte. Mal está que la DGPCE no cumpla con su obligación de elaborar y publicar la estadística anual, pero es aún peor que los servicios de bomberos no cumplan su deber de recoger todos los datos posibles de los siniestros. Legislación de las CCAA sobre la investigación de incendios Por si no hubiese quedado claro con lo expuesto hasta aquí, o esto fuera poco, todas la Leyes de las CCAA recogen entre las funciones de los servicios de bomberos la investigación de incendios. Así que está muy claro, meridianamente claro. Un servicio de bomberos profesional no debe inhibirse de estas obligaciones ni eludir esta responsabilidad. La investigación de incendios debe formar parte del ADN de Bomberos. En vez de “apaga y vámonos” hay que aplicar “apaga e investiga” para rellenar el parte con todos los datos necesarios. No es de recibo que el periódico local publique datos sobre el incendio que le ha contado un bombero de la intervención y que luego esos datos no estén en el parte de actuación. No es admisible que un periódico publique información más detallada, sobre el incendio y sus causas y consecuencias, que la que se recoge en el parte de intervención. No se debería aceptar esto como algo normal, cuando pasa esto hemos de preguntarnos qué está fallando. La investigación de los incendios, una moda policial Llama mucho la atención que la mayoría de las noticias de víctimas mortales de incendio publicadas recientemente en los medios acaben con frases como estas que he recogido de la prensa en lo que va de año en 2022:

• “la Benemérita instruye diligencias de lo ocurrido”
• “Mossos investiga el caso”
• «la Guardia Civil la inspeccione para confirmar las causas del siniestro”
• “la Policía tiene a técnicos en incendios de Policía Científica investigándolo”
• “Policía Nacional, que investigan las causas del fuego”
• “la Guardia Civil instruyó diligencias de lo ocurrido y, de las pruebas e indicios que se hallen en la inspección técnico-ocular informarán al juez”
• “fuentes policiales han detallado que todo apunta a que el incendio tuvo una causa accidental”
• “Agentes especialistas en Investigación de Incendios de la Guardia Civil van a realizar una minuciosa inspección ocular para establecer el origen y causas del fuego”
• “Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para determinar las causas del suceso”

Resulta bastante inconcebible que los mayores conocedores de la dinámica y evolución del fuego y por lo tanto expertos en incendios, que son los miembros de los servicios de bomberos, y que además conocen la realidad de ese incendio como nadie puesto que han llegado al principio, lo han olido, han visto cómo se estaba desarrollando y lo han extinguido, no sean quienes realicen la investigación de los incendios en los que han intervenido. ¡Alucinante! Creo que esto que podemos leer todos los días en los medios es un indicador de que se está haciendo dejación de las obligaciones y responsabilidades de los servicios de bomberos. Desde la perspectiva del Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes no podemos estar más disconformes con esta moda; las policías buscan culpables y los bomberos buscan causas y este último es un deber irrenunciable si se quiere avanzar en la prevención de incendios. Distintas investigaciones Por otra parte, no se ha de confundir la investigación judicial encomendada por el juez a la policía, encaminada a la determinación de las responsabilidades culposas de acciones negligentes o delictivas, con la investigación de incendios que deben realizar los servicios de bomberos. La investigación judicial busca administrar justicia, culpabilizar y condenar o exonerar. Nada que ver con la investigación que corresponde a los servicios de bomberos. Por supuesto, si el servicio de bomberos advierte cualquier indicio de intencionalidad, deberá ponerlo en conocimiento del cuerpo policial que corresponda, que para esa investigación sí son los competentes. Bueno, el propósito de este artículo no es echar culpa a los culpables, que la tienen, sino intentar enmendar la situación actual, dejar de lado la inhibición de muchos servicios de bomberos y ponerse manos a la obra para hacer el trabajo de rellenar los partes de manera minuciosa y profesional: investigar para obtener conocimiento, investigar para prevenir. Y por cierto, los partes de actuación deberían ser públicos y trasparentes. La conclusión inevitable es que la investigación de incendios es una competencia de los servicios de bomberos o dicho al revés: los servicios de bomberos son los competentes para realizar la investigación de incendios. Si todavía queda alguien reticente para cumplir esta misión, que no lo llame investigación, que simplemente realice una inspección meticulosa al escenario del incendio, para saber bien lo que ha pasado, y obtenga la información necesaria, de quien corresponda, para rellenar con precisión y veracidad todas las casillas del parte de actuación. ¡Con eso bastaría!

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Este artículo ha sido publicado en la revista Cuadernos de Seguridad el día 6 de noviembre de 2022.

Enlace: https://cuadernosdeseguridad.com/2022/11/incendios-investigacion-opra/