OPRA organiza el próximo 23 de octubre, jueves, en Bilbao (Bizkaia, España), una jornada técnica sobre novedades en Protección Contra Incendios, que pretende ser un espacio de encuentro y actualización en el que explorar las soluciones técnicas más innovadoras y debatir sobre los retos actuales en la protección contra incendios.
En los últimos años la PCI ha experimentado una notable evolución, impulsada por los avances tecnológicos para atender los nuevos riesgos, así como por la incorporación de nuevas exigencias normativas, que han incorporado requisitos más estrictos en materia de protección pasiva y activa.
Contaremos con expertos de distintas empresas del sector de la PCI que presentarán las últimas novedades para garantizar una mejor protección de las personas ante los incendios.
La jornada tendrá formato presencial, y se celebrará en la Sala ONDARE de la Diputación Foral de Bizkaia (c/ María Díaz de Haro, 11, 1ª planta, Bilbao, Bizkaia). La asistencia es gratuita, previa inscripción (plazas limitadas).
El programa y el formulario de inscripción están disponibles en: www.opra.info/jornada-novedades-pci/
Es curioso que hayamos escrito un montón de artículos y dado charlas defendiendo el papel del voluntariado de emergencias, pero sin embargo no he leído nunca ninguno en sentido contrario explicando con razones y detalle la oposición al mismo, aunque sí que es verdad que he oído, en ocasiones, muy duras críticas.
En este artículo intentaré, de forma simplificada, ver cuáles son los argumentos que se utilizan más habitualmente en contra del voluntariado, haciendo un pequeño análisis sobre dichos argumentos, los cuales, también hay que decirlo tienen en algunas ocasiones su puntual razón de ser.
Bombers voluntarios del parc de Camprodon (Ripollès) Lourdes Casademont / ACN
Vaya por delante que yo soy absolutamente favorable a la existencia de este voluntariado de protección civil y, diría más, creo que es imprescindible desde el punto de vista de mejor protección a la población, si bien, y en mi opinión, deben cumplir cuatro requisitos. Son los siguientes:
Encuadramiento: Esto es, deben formar un equipo, deben estar organizados.
Jerarquía: Deben tener un orden dentro de la organización y debe haber responsables del grupo.
Especialidad: Deben de tener clara su cartera de servicios. No todos los grupos pueden hacer de todo, y por supuesto, para esa cartera de servicios hay que estar formado y equipado adecuadamente.
Coordinación: No se puede ir de “por libre”, deben estar perfectamente integrados en el sistema con competencias en la zona de trabajo.
Pero, una vez dicho esto, vamos allá con algunos de los comentarios del “NO”:
Quitan puestos de trabajo que debieran estar cubiertos sólo por profesionales: Este es el argumento que más he oído desde algunas fuentes sindicales, pero nunca lo he visto razonado y documentado. Supongo que, simplemente, porque no es verdad y a los datos y estadísticas me remito.
La calidad del servicio público sólo la dan los/las profesionales: No es verdad. La ciudadanía nunca va a preguntar qué remuneración tiene quien va debajo del casco. Sólo quiere una respuesta adecuada, y los/as profesionales por sí solos no pueden darla (véase la DANA, el Gran Apagón o el simple día a día de muchas localidades). La demagogia no debe sustituir a la razón y no hay nada más que mirar, de vez en cuando, a esa Europa a la que nos queremos parecer, pero de la que nos olvidamos siempre en las cosas que no van con nuestro relato. Sólo con asomarse un poco a los principales países de la Europa más puntera veremos cómo el voluntariado de emergencias está muy desarrollado.
Son un problema operativo más que una solución: Ya que van por libre y no se coordinan con los/as profesionales. Esto ha sido cierto, y en el pasado lo he visto algunas veces, pero, en la mayoría de los lugares, este ir por libre, ya no existe. El voluntariado está encantado en coordinarse. Ahora bien, la coordinación es cosa de dos. Si abandonamos al voluntariado, si no hay nadie encargado de fomentar y conseguir esa coordinación, si no les hacemos caso porque “no es mi trabajo”, lo que no se pueden esperar son milagros. ¡La coordinación se trabaja! ¿En cuántos servicios grandes de bomberos hay personas que dediquen tiempo a la gestión del voluntariado de su zona? Pues…, pues eso.
Quieren hacer cosas sin estar preparados/as. Es posible. La cartera de servicios tiene que estar clara desde el principio y sólo se realizan los trabajos que están previstos y para los cuales se les ha formado y equipado. Pero… ¿que ni los formas ni los equipas para nada? Dale una vuelta al tema y piensa en la ciudadanía y su necesidad de tener estos servicios bien cubiertos pensando en que, por ejemplo, si tienen que sacar agua en unas inundaciones, deberán tener bombas, equipo personal de agua y formación.
Son un problema para el Ayuntamiento. Y en algunos lugares el enfrentamiento entre la Agrupación de Protección Civil y su Alcalde o Alcaldesa es público y notorio. ¡Pues no queda otra que arreglarlo! El “jefe” de la protección civil es el Alcalde o Alcaldesa y son quienes determinarán el alcance que desean para su agrupación local, si bien deben recordar que dicha agrupación es un servicio esencial, en muchos casos obligatorio por ley, y que por tanto deberán darle la atención y recursos que se merece la tarea a desarrollar.
Dan mucho trabajo. Pues claro, lo que igual no tienes tan claro es que atenderles es parte de tu trabajo. Basta con leer los preámbulos y articulado de las leyes de protección civil para ver que la participación ciudadana en la protección civil es básica y alguien tiene que encargarse de ella.
Mi conclusión: Es imposible atender las grandes emergencias sólo con profesionales y alguien, profesional, tiene que organizarlo, pero… ¿hay alguien por alliiiiiiiiiiiiií?
El 16 de septiembre se ha presentado en la sede de Bilbao de LABORAL Kutxa el “Estudio de Víctimas mortales de incendios en la CAPV y Navarra 2000-2024” elaborado por OPRA (Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes).
La elaboración de este estudio ha sido posible gracias al apoyo de LABORAL Kutxa y Seguros Lagun Aro, que han posibilitado obtener estos conocimientos sobre los incendios, las víctimas y las circunstancias en las que se producen desde la perspectiva de la prevención.
Pablo Mongelos, director general de Seguros Lagun Aro, en un momento de su intervención
Durante la rueda de prensa se ha hecho público que Euskadi y Navarra han registrado 204 muertes por incendios o explosiones accidentales en los últimos 25 años, que suponen uno de los índices de riesgo más bajos del mundo de fallecer en un incendio: 3,4 muertes por millón de habitantes.
Algunas de las conclusiones del Estudio que se han presentado durante la rueda de prensa han sido las siguientes:
El riesgo de morir en un incendio en la CAPV y Navarra es mayor cuanto más pequeña sea una localidad. El índice de muertes por millón de habitantes en las poblaciones de menos de 1.000 habitantes es cuatro veces mayor que en las ciudades de más de 50.000.
En los cuatro meses de invierno (diciembre, enero, febrero y marzo) se producen el 51% de las víctimas mortales de los incendios en viviendas, la mitad de todo el año.
El 62,6% de las muertes en viviendas se producen durante las horas nocturnas. Dos de cada tres fallecimientos ocurren durante la noche, por lo que los detectores de humo autónomos resultan ser unas herramientas de prevención muy valiosas.
Los hombres suponen el 69% del total de víctimas mortales.
Las personas mayores de 65 años son más vulnerables y suponen el 48% de todos los fallecidos en incendios.
Las principales causas que han provocado más incendios con muertes en viviendas son: el hábito de fumar, la electricidad, y los aparatos productores de calor.
Las principales causas de muerte en los incendios en viviendas son: intoxicación por gases y humo (58%), quemaduras (31%) y traumatismos (10%).
Estudio que analiza las víctimas mortales ocurridas por incendio o explosión accidental durante un periodo de 25 años (2000-2024) en la CAPV (Comunidad Autónoma del País Vasco) y Navarra; con el objetivo de conocer toda aquella información de interés y utilidad sobre las víctimas mortales de incendios y sus circunstancias.
Dado que el número de muertes cada año no suele superar las 10 víctimas en estos territorios, no siendo una muestra suficiente para obtener resultados estadísticos significativos, se ha considerado un periodo de 25 años, para poder abordar una investigación que proporcione interesantes resultados y obtener información útil de las distintas variables que están presentes en estos incendios mortales.
Como se puede apreciar en los resultados del Estudio, la mayor parte de las víctimas mortales de incendio y explosión se producen en las viviendas, por lo que se pone el foco en el ámbito doméstico para poder contribuir a la adopción de medidas de prevención de incendios con el objetivo final de poder reducir el número de incendios y de víctimas.
Editan: OPRA (Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes) y Seguros Lagun Aro
Fecha: Marzo de 2025
Enlace: https://opra.info/wp-content/uploads/Estudio-Victimas-CAPV-y-Navarra-OPRA_28_04_25.pdf
El Instituto Español para la Reducción de los Desastres publicó antes del verano el Informe “Respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil ante la catástrofe provocada por la DANA en octubre de 2024” Resulta interesante y recomendable su lectura y en especial sus conclusiones si bien no comparto absolutamente alguna de sus afirmaciones.
No comparto, como se afirma, el papel director de la UME en el volcán de La Palma pues precisamente al no haberse declarado la emergencia de interés nacional la dirección recayó en las autoridades de la CCAA.
¿Había que declarar el nivel 3 de emergencia?
En el Informe se asegura que había que declarar el nivel 3 de emergencia. Creo firmemente que en este caso no se debería haber declarado el Estado de emergencia de interés nacional (nivel 3) como expuse en el artículo Las emergencias de nivel 3 en inundaciones. La DANA, y la posterior riada e inundación, el día que ocurrió, ya no era evitable. Lo que se podría haber evitado eran muchas muertes con una gestión adecuada y experta ante la conocida amenaza. Declarar o no, la emergencia de nivel 3 no habría salvado ninguna vida, así que esta discusión no es sustancial cuando abordamos la gestión de la emergencia en sus primeras fases.
También resulta curioso que el Informe atribuya la responsabilidad de la declaración unilateral al Ministro del Interior que debió haber declarado la emergencia de interés nacional por iniciativa propia sin necesidad de que dicha declaración le fuera solicitada y sin embargo se olvide de exigir la misma responsabilidad igualitaria al responsable máximo de la comunidad valenciana de solicitar tal declaración.
No conozco de ningún responsable de servicios de emergencia locales o autonómicos, que conozcan de cerca la realidad de la gestión de emergencias, que defienda la utilidad de que el Estado se haga cargo de una grave situación de emergencia com esta, lo cual no quiere decir que no se requieran todo tipo de ayudas y apoyos de todas las administraciones, por supuesto, también del gobierno de la nación.
Tampoco comparto la postura de los autores del Informe sobre su afirmación de que “Afirmar que la activación del nivel nacional resultaría ineficaz para la gestión de una catástrofe de ámbito autonómico bajo el argumento de que las comunidades autónomas conocen mejor su propia estructura administrativa, su distribución de competencias, sus procedimientos y sus recursos, significaría poner en duda la eficacia, en general, de los sistemas de protección civil de otros países en los que la respuesta ante catástrofes se articula de forma centralizada a nivel nacional con no peores resultados.
En absoluto pongo en duda la eficacia de otros países, lo único que pongo en duda es la eficacia de la protección civil del Estado español, porque la conozco, al igual que otros profesionales de las emergencias de esta España. Conozco de sobra la organización y estructura de la protección estatal y su desconocimiento e incapacidad de su estructura civil de hacerse cargo de la gestión de ninguna catástrofe. Esto lo conocen perfectamente todos los ministros de Interior que cada vez que tienen que nombrar un director o directora de protección civil no ponen a un profesional experto de emergencias sino a un colega de partido de perfil político. Incluso, en este caso, las gestiones que se realizaron desde Madrid para canalizar las ayudas de servicios de bomberos que ya habían acordado su aportación de recursos de forma directa con los valencianos, produjo absurdas e inexplicables retrasos en las autorizaciones ministeriales. Esto no es una crítica, es una descripción de la realidad.
Un ejemplo de la inexistencia de la Dirección general de protección civil y emergencias (DGPCE) es este comunicado de una asociación privada solicitando ayuda para intervenir en incendios forestales en el mes de agosto. ¿Dónde estaba la DGPCE?
Informe: Respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil ante la catástrofe provocada por la DANA en octubre de 2024.Autores: José Antonio Aparicio Florido (IERD), Esther Puertas Cristóbal (IERD) y José Manuel Calvo Hurtado (IERD).
Edita: IERD. Instituto Español para la Reducción de los Desastres
Fecha: Mayo de 2025
Enlace:https://ierd.es/wp-content/uploads/2025/06/La-DANA-de-Valencia-de-2024.pdf
Me he encontrado un blog que publica un prometedor artículo y me ha llamado la atención porque la primera afirmación que realiza es absolutamente falsa.
Es mentira que haya 12.000 muertes en accidentes domésticos.
La web/blog El Ilustrador digital se presenta como adalid de la verdad en Canarias y publica un artículo repleto de falsedades. Es mentira que 12.000 españoles mueran al año por accidentes domésticos. Así que hay que desconfiar de todo lo que este artículo diga a continuación. Además, miente diciendo que es según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). ES FALSO.
Y por si fuera poco añade una absoluta idiotez sin ningún fundamento:
Pocos españoles conocen que entre las 14:00 y las 16:00 horas se concentra el 40% de estos accidentes. La razón: la fatiga post-comida reduce nuestros reflejos.
Olvida esto por favor, es falso. Ninguna entidad estadística española tiene ni idea de a qué hora se producen las muertes de los accidentes domésticos. Ese dato no lo recoge nadie, se lo ha inventado el autor o autora de esta redacción chapucera.
Por qué es mentira que hay 12.000 muertes por accidentes domésticos
Te lo explico para que me entiendas. Con los datos de 2023 que es el último año que el INE ha publicado datos definitivos, en España se produjeron 18.033 muertes por causas externas de mortalidad o sea las muertes que no ocurrieron por enfermedad. De estas 18.033 muertes, 13.229 se produjeron por causas accidentales (INE). Y vamos a ver cuántas de estas trece mil no sucedieron en el hogar.
De entrada, 1827 fueron accidentes de tráfico que evidentemente fueron fuera de nuestras viviendas. Otras 229 más se contabilizaron en el transporte, aéreo, ferrocarril, marítimo y ferroviario, que tampoco ocurrieron en nuestras casas. De las 4.158 muertes por caídas accidentales aproximadamente la mitad ocurren en el hogar y la otra mitad en la vía pública así que debemos descontar unas 2.000. De las 537 muertes por ahogamientos solo una pocas han tenido lugar en la vivienda siendo al menos 500 en espacios naturales y públicos. De las 256 muertes por incendio es cierto que la mayoría han ocurrido en viviendas, pero hay un 25% que han sido fuera del hogar. Los envenenamientos han producido algo más de 1.200 víctimas mortales de los cuales también habrá una proporción indeterminada que se haya producido fuera del hogar. Así como en los 3.500 fallecimientos por atragantamientos que una gran parte se producen fuera del ámbito doméstico. Y de los accidentes mortales clasificados como otros accidentes (1.845), entre los que están ataques de animales, rayos, electrocución, disparos accidentales, cortes, traumatismos, radiación, atrapamiento por tierra, máquinas, etc., también habrá que considerar que muchos de ellos no son en absoluto accidentes domésticos.
Así que, si quitamos, 2.156 del tráfico y transporte, 2.000 de caídas, 500 de ahogamientos, 50 de incendios, y tirando por lo bajo descontamos 500 de envenenamientos, 1.500 de atragantamientos, y 800 de otros accidentes, tendremos que 9.500 de las más de 13.00 muertes por accidente han ocurrido fuera del ámbito doméstico. Solo se podrían atribuir menos de 4.000 muertes a los accidentes domésticos mortales, que ya está bien.
En consecuencia, el artículo no informa con datos ciertos, sino que se basa en una falsedad para alarmar y atraer lectores.
Un pseudo medio pirata
Investigando la autoría de tal web/blog llamado El ilustrador digital, el caso es que todo es muy oscuro: detrás de la foto de la supuesta autora, Laurent, no hay ningún nombre completo, ni apellido, la foto que ponen de portada del blog (supuestamente canario) resulta ser de un país anglosajón. La web no tiene sede social, ni dice nada de quienes son, ni figura ningún registro de propiedad o autoría, ni hay ningún teléfono ni correo electrónico de contacto. Todo es muy opaco y misterioso.
En fin, que no tiene ninguna credibilidad. No lean basura por favor. Esperemos que no sea un pseudo medio de esos que reciben subvenciones públicas.
La movilidad eléctrica y los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) se están incorporando a nuestro entorno cotidiano a un ritmo mucho más rápido que el que permite la evolución normativa, añadiendo nuevos riesgos en infraestructuras existentes que no fueron diseñadas ni están preparadas para albergar este tipo de tecnologías.Autor:Justo Adámez. Ashes Fire ConsultingPublicación:Web OPRA www.opra.info • 8 de septiembre de 2025
Para ayudar a las administraciones y aseguradoras a unificar criterios de eficiencia y solvencia para estos entornos, en tanto se establece un marco global regulatorio, desarrollamos las Guías ZEPI[1] (Zona Eléctrica Protegida de Incendios) para aparcamientos con vehículos eléctricos (ZEPI-VEA y ZEPI-VE) y para entornos BESS (ZEPI-BESS), siguiendo el mismo modelo de: análisis, propuestas y diseño de soluciones que se sigue en el desarrollo de los estándares internaciones, con la participación de un comité técnico integrado por ingenieros de incendios, fabricantes de soluciones y participación consultiva de bomberos.
Hoy ya disponemos de abundante información sobre las particularidades de este tipo de incendios y sobre el nivel de exposición que supone para los ocupantes, los equipos de emergencia y bomberos, la propia infraestructura y la continuidad operativa de la actividad.
A qué obliga la normativa: CTE
Aunque el CTE-DB/SI no contempla una clasificación específica para las zonas de carga delimitadas para vehículos eléctricos y zonas BESS, sí considera su tratamiento como Local de Riesgo Especial (LRE), cuando se dan ciertos criterios técnicos y de carga térmica en la zona.
El Documento Básico DB-SI 1, apartado 3.3.2 establece que se considerará «local de riesgo especial» aquel que: “…por la naturaleza del proceso que en él se realiza, por la carga de fuego que contiene o por las características del riesgo que presenta, pueda suponer un incremento significativo del riesgo de incendio…»
Y son LRE por:
Por ser una zona de nuevo riesgo con una carga de fuego superior a la autorizada y haber riesgo de incendio o explosión.
En el caso de los vehículos eléctricos, al almacenar gran cantidad de energía en sus baterías, tienen entre un 30 a 50 % de mayor energía de fuego que en un vehículo de combustión equivalente. Esta diferencia, implica un mayor desafío en términos de control del incendio, duración del evento y generación de gases tóxicos.
En el caso de los BESS, el contenido calorífico efectivo de una batería de ion-litio (considerando electrolitos, carcasas, celdas y materiales inflamables) suele oscilar entre: 4 – 6 MJ por kg de batería, que para un BESS estándar de aplicación comercial/industrial representa unos 12.000 MJ.
La cuestión clave en este momento ya no es solo cómo, sino también, quién tiene la responsabilidad de informar y sensibilizar a gestores, propietarios y usuarios finales sobre la necesidad de adaptar sus infraestructuras que en su origen no fueron concebidas para enfrentar los nuevos riesgos asociados a la movilidad eléctrica y los sistemas de almacenamiento energético.
Para ello, resulta fundamental analizar el papel de aquellos actores que mantienen una relación directa, frecuente e influyente con los tomadores de decisiones, ya que su capacidad de asesoramiento puede ser determinante para ayudar a impulsar medidas de adecuación y prevención eficaces.
Aseguradoras
En España, las aseguradoras no tienen la obligación legal de advertir a sus clientes sobre incumplimientos normativos en materia de seguridad contra incendios, salvo que dicha obligación esté expresamente recogida en las condiciones de la póliza.
Aunque no están obligadas a supervisar el cumplimiento normativo del asegurado, sí tienen el deber de informar sobre cualquier limitación, exclusión o condición que afecte a la validez de la cobertura. Por tanto, si en el transcurso de una inspección o revisión técnica la aseguradora detecta un riesgo de incendio relevante, o identifica que el incumplimiento de una normativa podría limitar o anular la cobertura, debe comunicarlo al cliente para no incurrir en un incumplimiento de sus deberes de información y transparencia.
OCA’s
Los Organismos de Control Autorizados (OCAs) tienen como función principal verificar el cumplimiento reglamentario de las instalaciones sometidas a inspecciones periódicas, entre ellas las instalaciones eléctricas de baja y alta tensión, conforme al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y otras normativas aplicables. Asimismo, también están habilitados para realizar inspecciones conforme a normativa de seguridad contra incendios, como el CTE (Código Técnico de la Edificación), el RSCEI y el RIPCI.
En el marco de estas inspecciones reglamentarias, los OCAs tienen la obligación de reflejar cualquier incumplimiento normativo que detecten dentro del alcance definido, incluyendo aquellos aspectos que puedan afectar a la seguridad contra incendios, siempre que estén vinculados directamente al sistema eléctrico o al contenido de la normativa específica aplicable al tipo de inspección realizada.
Adicionalmente, los OCAs pueden llevar a cabo inspecciones voluntarias a solicitud del titular o explotador de una instalación, con el fin de verificar el grado de cumplimiento normativo en materia de seguridad, más allá de los requerimientos periódicos obligatorios. Estas inspecciones constituyen una herramienta de prevención, control y garantía técnica, aportando mayor confianza en la conformidad de la instalación respecto a la normativa vigente.
Mantenedores PCI
Las empresas de mantenimiento de las instalaciones contra incendio sí tienen obligación legal de advertir a sus clientes sobre incumplimientos normativos en materia de seguridad contra incendios, recogido en el Artículo 17.c del RIPCI “…informar por no tener los equipos o sistemas que sean adecuados al riesgo de incendio del edificio, sector o área de incendio destinada a proteger.”
Este perfil de empresa en España es muy heterogéneo y, tradicionalmente, ha tenido una capacidad de influencia limitada sobre los tomadores de decisiones, ya sea por falta de argumentos técnicos sólidos, desconocimiento normativo, limitado alcance en sus revisiones o por otros factores que han restado peso a su papel como interlocutor. Como consecuencia, la obligación que el RIPCI asigna a las empresas mantenedoras rara vez se traduce en una actuación efectiva que impulse la adecuación de los edificios o industrias a nuevos riesgos. En la práctica, son las aseguradoras y los OCA quienes acaban teniendo mayor capacidad de persuasión y credibilidad técnica ante el decisor.
Conclusión
La transición hacia una movilidad sostenible y el uso de energías renovables son fundamentales para un futuro más limpio y saludable, que pese a sus beneficios ambientales, también pueden originar escenarios de incendio complejos que requieren respuestas específicas.
Observamos que el marco normativo del CTE impone la obligación de tomar medidas, pero al no mencionarlo de manera explícita, suele pasar desapercibido. Esta falta de concreción también implica que para esos riesgos no estén definidos requisitos específicos de protección, lo que contribuye aún más a que la protección que se requiere para aparcamientos con vehículos eléctricos y BESS no reciba la atención que es necesaria.
[1] Guías ZEPI disponibles de distribución gratuita, puede solicitarlas por correo electrónico a: ashesfire@ashesfire.com
Me parece que una de las medidas más llamativas que se propone es la de Impulsar la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias para mejorar la coordinación y la toma de decisiones por las administraciones públicas en el nuevo contexto climático.
¿Por fin se ha dado cuenta el Presidente del Gobierno y su equipo que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) no funciona? El presidente Zapatero ya se dio cuenta de ello en una visita que realizó a la sede de la Dirección de Protección civil en Madrid tras el incendio forestal de Guadalajara de 2005 que causó 11 muertes. Me contaron que, tras la visita, al salir del edificio y cruzar la calle, se dio la vuelta y dijo en voz alta: ¿Esta es la mierda de protección civil que tenemos en España? Nadie le respondió. En vez de poner solución a la desorganización existente en un par de meses creó la UME, tan denostada por el PP entonces y hoy tan aceptada política y socialmente por la sociedad española. Era la solución populista fácil, en vez de meter mano a lo que no funciona, se crea un nuevo organismo.
Ahora, 20 años después, otros incendios forestales, han estimulado las facultades creativas de los políticos y el presidente Sánchez repentinamente advierte el caos y su reacción es crear otro ente de futuro incierto. Me dice un buen amigo, experto en emergencias que “Es una forma de no abordar las «lecciones no aprendidas», hacemos otra cosa con un nombre más sonoro y a un/una amiguete al frente.”
Mi opinión (muy personal) es que una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias no va a hacer nada que no se pueda hacer desde la actual dirección de la DGPCE. La solución debería ser mejorar lo que no funciona bien en las organizaciones existentes en vez de crear nuevas organizaciones para que hagan lo que no hacen quienes ya deberían hacerlo. Las duplicidades nos cuestan muy caras.
¿Quiénes van a ser dentro de una Agencia Nacional de Emergencias los que se encarguen de hacer lo que no hace la Dirección general de protección civil y emergencias? ¿Y a quién van a poner al frente del nuevo tinglado? En la historia de la democracia en la protección civil del Estado se ha situado en la DGPC a personajes con perfil de líderes políticos (Pilar Bravo), periodistas (Federico Gallo y Antonio Figueruelo), exgobernadores civiles, exesposas de ministros, personajes de carrera política, e incluso altos cargos militares como un general de brigada, para una dirección general que en su nombre dice “Civil” (16 en 45 años desde 1980), y ninguno de esos nombramientos ha recaído en un experto de los servicios civiles operativos en las emergencias y eso que en el año 2004 a la DGPC le añadieron la E de Emergencias convirtiéndose en DGPCE. Desde el año 2004 al 2013 han pasado 10 directores/directoras generales. Casi ninguno ha superado los dos años de permanencia, la demostración de que se ha utilizado ese puesto para cambiarse enseguida a otro destino mejor, porque nadie pertenece a ese campo y no se encuentra a gusto en ese mundo.
Otras propuestas relacionadas
Además, exponen que se pondrá en marcha la actualización del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM); la interconexión efectiva del CENEM y todos los centros autonómicos de coordinación operativa (CECOPs); la creación del catálogo nacional de capacidades operativas de respuesta inmediata, el desarrollo del mapa nacional de riesgos; el registro nacional de datos sobre emergencias y catástrofes integrados en la Red Nacional de Información sobre Protección Civil (RENAIN); y la creación de una plataforma de datos climáticos que combinará información de fuentes estatales y europeas, incorporará indicadores comunes, y usará inteligencia artificial y gemelos digitales.
Bla, bla, bla. Pura palabrería y verborrea de expertos de salón con cierto léxico militar que probablemente haya salido de un redactor de la UME. Me pregunto quiénes serán los que componen el grupo de expertos que han parido esto. ¿Serán cómo los del comité de expertos del COVID que luego reconocieron que no existían? Esperemos que en un par de meses con la llegada de las luvias se les haya olvidado, en vez de crear media docena de nuevas entidades que exijan colocar cientos de nuevos funcionarios y asesores en Madrid y en las CCAA.
Las omisiones
El documento con el decálogo del gobierno no aborda algunos de los principales problemas de España para la lucha contra incendios forestales:
Duplicidad de servicios de bomberos. Se han creado innecesariamente los servicios de bomberos forestales (mezclando prevención y extinción) en vez de haber reforzado los servicios de bomberos profesionales existentes.
Los incendios grandes empiezan siendo pequeños. Los incendios pequeños para que no se conviertan en grandes incendios requieren una respuesta cercana e inmediata. Hay que distribuir recursos por el territorio. Esa respuesta es la que tienen en toda Europa con los bomberos voluntarios (Un millón en Alemania, Polonia 600.000, 180.000 en Francia, 30.000 en Portugal), y que en España son prácticamente inexistentes si excluimos a Cataluña.
¿Hay soluciones?
Como nos decían los profesores en el colegio, lo primero es leer bien el enunciado del problema. En medicina se requiere realizar un buen diagnóstico y en la gestión pública de los problemas hay que conocer las múltiples variables que intervienen y eso no se resuelve poniendo a un colega compañero/a de partido al frente de las direcciones técnicas de emergencias. Tenemos muy malas experiencias por tener al frente de algunos cargos a personas inexpertas en las materias que deberían conocer, como por ejemplo en el caso del Prestige, la dana de Valencia o los recientes incendios forestales.
El Estado español padece en el siglo XXI el problema del asalto de la mediocridad a los puestos públicos de decisión y cuando hay que actuar no saben qué hacer. En las últimas décadas se ha producido una grave intromisión política en los puestos técnicos del funcionariado de alta dirección y el resultado es el caos actual.
Incluso la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe ser considerada un Reglamento relacionado con la Protección Contra Incendios.
Las Normas que recogen estos Reglamentos, son los Códigos de Diseño, Instalación, Mantenimiento, Construcción de equipos, etc que hay que seguir para cumplir con los objetivos de Seguridad pretendidos por los Reglamentos.
No debemos olvidar que los Reglamentos plantean objetivos de mínimos y tienen carácter generalista, es decir, que son la base para una mínima protección en entornos generales, que deben estar acompañados de un análisis realista, honesto y pormenorizado de cada caso, ya que iguales actividades pueden suponer Riesgos diferentes. Una vez establecidos los criterios de protección es el momento de aplicar las Normas.
Y aquellos que cumplen con los Reglamentos anteriores a los actuales, o que directamente (por fecha de construcción, inicio de actividad, etc) no están obligados a aplicarlos, lo pueden hacer de forma voluntaria, reduciendo posiblemente de forma muy importante su exposición a las consecuencias de un incendio. Mantener esa situación de cumplimiento con requisitos del pasado, es equiparable a tener un alimento caducado en la despensa.
Por experiencia sé que se dan múltiples casos realmente curiosos y dispares en relación a la aplicación de los Reglamentos y Normas. Desde quien los analiza en busca de oportunidades para tratar de incumplirlos usando la “ingeniería inversa” hasta aquellos que con preocupación buscan soluciones a problemas que todavía no se contemplan en el ámbito regulatorio nacional actual y se exponen a caer en manos de oportunistas, charlatanes o estafadores. En este segundo caso hay que acudir a entidades de confianza y solvencia en la materia, que puedan aportar las soluciones de vanguardia adecuadas, eficaces, comprobadas y aceptables.
Debido a la facilidad de acceso a información relevante que sobre este tema hay disponible y que se recibe desde diversos puntos (la propia empresa, las aseguradoras, etc), la gran mayoría de gestores de actividades entiende conscientemente los riesgos que asume, es decir sabe cuáles son los Riesgos a los que está sometido y los Reglamentos a cumplir. En cualquier caso, nunca está de más que nos recuerden los Reglamentos que pueden afectarnos y esa labor debe ser constante y dirigida a todos los niveles de la sociedad, tema que trataremos en una próxima entrada del blog cuando tratemos el componente del Ecosistema Población Informada.
En resumen, el uso adecuado de los Reglamentos y las Normas y Códigos actualizados no es una moda, es una necesidad, algo que se debe interiorizar a todos los niveles para que, tras un incendio, nadie tenga que echarse las manos en la cabeza arrepintiéndose de haber desatendido su Riesgo e Incendio mientras contempla las llamas, el humo y las cenizas.
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¿Es imposible estar al día? No, pero siempre dependerá del nivel de protección cumplimiento del que se parte, alcanzar una Seguridad actualizada es muy sencillo mediante actualizaciones periódicas, por el contrario, una deficiente situación, requerirá esfuerzos técnicos y/o económicos a veces muy difíciles de afrontar, es en estos casos donde se debe tener consciencia de la situación y hacer los esfuerzos necesarios para alcanzar niveles razonables de Seguridad.
Por otra parte, las regulaciones deberían permitir, facilitar y premiar la actualización a los avances tecnológicos y sociales tanto en los Riesgos y Situaciones como en las medidas de Prevención y Protección.
Simplificando mucho, los Reglamentos, que son las “Leyes” que exigen la adopción de las Normas en el ámbito Nacional son los siguientes:
En resumen, el uso adecuado de los Reglamentos y las Normas y Códigos actualizados no es una moda, es una necesidad, algo que se debe interiorizar a todos los niveles para que, tras un incendio, nadie tenga que echarse las manos en la cabeza arrepintiéndose de haber desatendido su Riesgo e Incendio mientras contempla las llamas, el humo y las cenizas.
