El Instituto Español para la Reducción de los Desastres publicó antes del verano el Informe “Respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil ante la catástrofe provocada por la DANA en octubre de 2024” Resulta interesante y recomendable su lectura y en especial sus conclusiones si bien no comparto absolutamente alguna de sus afirmaciones.
No comparto, como se afirma, el papel director de la UME en el volcán de La Palma pues precisamente al no haberse declarado la emergencia de interés nacional la dirección recayó en las autoridades de la CCAA.
¿Había que declarar el nivel 3 de emergencia?
En el Informe se asegura que había que declarar el nivel 3 de emergencia. Creo firmemente que en este caso no se debería haber declarado el Estado de emergencia de interés nacional (nivel 3) como expuse en el artículo Las emergencias de nivel 3 en inundaciones. La DANA, y la posterior riada e inundación, el día que ocurrió, ya no era evitable. Lo que se podría haber evitado eran muchas muertes con una gestión adecuada y experta ante la conocida amenaza. Declarar o no, la emergencia de nivel 3 no habría salvado ninguna vida, así que esta discusión no es sustancial cuando abordamos la gestión de la emergencia en sus primeras fases.
También resulta curioso que el Informe atribuya la responsabilidad de la declaración unilateral al Ministro del Interior que debió haber declarado la emergencia de interés nacional por iniciativa propia sin necesidad de que dicha declaración le fuera solicitada y sin embargo se olvide de exigir la misma responsabilidad igualitaria al responsable máximo de la comunidad valenciana de solicitar tal declaración.
No conozco de ningún responsable de servicios de emergencia locales o autonómicos, que conozcan de cerca la realidad de la gestión de emergencias, que defienda la utilidad de que el Estado se haga cargo de una grave situación de emergencia com esta, lo cual no quiere decir que no se requieran todo tipo de ayudas y apoyos de todas las administraciones, por supuesto, también del gobierno de la nación.
Tampoco comparto la postura de los autores del Informe sobre su afirmación de que “Afirmar que la activación del nivel nacional resultaría ineficaz para la gestión de una catástrofe de ámbito autonómico bajo el argumento de que las comunidades autónomas conocen mejor su propia estructura administrativa, su distribución de competencias, sus procedimientos y sus recursos, significaría poner en duda la eficacia, en general, de los sistemas de protección civil de otros países en los que la respuesta ante catástrofes se articula de forma centralizada a nivel nacional con no peores resultados.
En absoluto pongo en duda la eficacia de otros países, lo único que pongo en duda es la eficacia de la protección civil del Estado español, porque la conozco, al igual que otros profesionales de las emergencias de esta España. Conozco de sobra la organización y estructura de la protección estatal y su desconocimiento e incapacidad de su estructura civil de hacerse cargo de la gestión de ninguna catástrofe. Esto lo conocen perfectamente todos los ministros de Interior que cada vez que tienen que nombrar un director o directora de protección civil no ponen a un profesional experto de emergencias sino a un colega de partido de perfil político. Incluso, en este caso, las gestiones que se realizaron desde Madrid para canalizar las ayudas de servicios de bomberos que ya habían acordado su aportación de recursos de forma directa con los valencianos, produjo absurdas e inexplicables retrasos en las autorizaciones ministeriales. Esto no es una crítica, es una descripción de la realidad.
Un ejemplo de la inexistencia de la Dirección general de protección civil y emergencias (DGPCE) es este comunicado de una asociación privada solicitando ayuda para intervenir en incendios forestales en el mes de agosto. ¿Dónde estaba la DGPCE?
Totalmente de acuerdo Javier