De la lectura de la introducción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) podemos interpretar que en el riesgo de incendios que estamos analizando puede no ser suficiente el cumplimiento de los códigos prescriptivos de Protección Contra Incendios (PCI), puesto que esta ley obliga al empresario a garantizar la seguridad de los trabajadores. Es esta obligación de “garantía de la seguridad” sobre la que se fundamenta el análisis que se expone a continuación. (Se recomienda leer la primera parte de este artículo: De la Ingeniería de Incendios a la Prevención de Riesgos Laborales (I) [13/07/2022]) Como se apuntaba en la primera parte de este artículo, los requisitos de seguridad contra incendios, establecidos en los diversos códigos aplicables de PCI, o en el CTE o el RSCIEI, son de cumplimiento obligatorio, pero necesariamente de carácter genérico y de mínimos. Su carácter genérico les impide tener en cuenta las circunstancias específicas que conforman el riesgo de incendio en cada edificio, en cuanto a actividades y características concretas de vulnerabilidad de los ocupantes se refiere. El simple cumplimiento de los requisitos de PCI, establecidos por la normativa aplicable a cada edificio, no satisface las obligaciones derivadas de la LPRL en cuanto a PCI, no garantiza la protección eficaz contra incendios, y expone a graves sanciones a los empresarios y titulares de los diversos centros de trabajo. No retroactividad de las leyes Por otro lado, cada vez que se publica un nuevo código, este no afecta a los edificios o industrias que estuviesen construidos, o contasen con licencia de construcción, antes de la entrada en vigor del mismo, salvo cambio de uso o realización de obras de determinada envergadura. Sin embargo, los servicios de prevención, al realizar las evaluaciones periódicas de riesgos en los lugares de trabajo, al evaluar el riesgo de incendio se suelen limitar a comprobar si el mismo cuenta con las medidas de PCI que le fueron exigidas por el código aplicable. Así las cosas, en nuestro país la LPRL parece incumplirse sistemáticamente en los lugares de trabajo, en lo que afecta a la evaluación y corrección del riesgo de incendio. Existen dos aspectos en la LPRL, que son de la mayor relevancia:

1. El primero es que la LPRL es una trasposición de una Directiva Europea, la 391/89, y que por tanto su cumplimiento va más allá del contexto de una Ley española, desarrollada dentro de la soberanía propia de nuestro país, para la que el Gobierno pueda establecer un cumplimiento legal formal, tal como hace con los códigos nacionales de PCI. La LPRL como trasposición de la Directiva no admite su cumplimiento formal, ni la certificación de cumplimiento por los servicios de prevención, ni por ningún otro profesional facultativo, servicios de compliance, etc.
2. El segundo es que tanto la Directiva 391/89 en su Artículo 6, como la LPRL en sus artículos 14 a 20, exigen que el empresario facilite la protección eficaz ante todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores (obviamente el riesgo de incendio es uno de ellos) mediante una acción preventiva consistente en:
   • Evitar los riesgos.
   • Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
   • Reducir el nivel de riesgo a un valor aceptable.
   • Tener en cuenta la evolución de la técnica.
   • Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Una pregunta obligatoria es, qué se puede considerar como un nivel de riesgo aceptable. Según las diversas administraciones europeas sobre PRL (téngase en cuenta que se trata de una Directiva Europea que afecta a todos los países miembros), se maneja un concepto global denominado: As Low As Reasonable Practicable (ALARP), es decir “tan reducido como sea razonablemente posible”. Podría definirse como un umbral de aceptabilidad del riesgo basado en un principio de reducción del riesgo hasta que cualquier medida de reducción adicional, aunque posiblemente sea técnicamente factible, se considere desproporcionadamente costosa. Los servicios de prevención, en sus evaluaciones periódicas, suelen considerar que, si los lugares de trabajo cumplen la legislación nacional sobre PCI aplicable a dichos lugares, el riesgo de incendio se encuentra reducido a un nivel aceptable, y en algunas ocasiones realizan algún ejercicio de evacuación. Ese tipo de actuación no es aceptable y no se corresponde con el mandato de la Directiva 391/89 ni el de la LPRL por las siguientes razones:

1. El mero cumplimiento de la legislación nacional que le fuese aplicable a un lugar de trabajo, no puede interpretarse como garantía de la protección eficaz frente al riesgo de incendio. Se producen incendios en edificios, con víctimas y sin victimas que se supone que cumplían, al menos formalmente, la legislación aplicable sobre PCI. Los códigos, normas, etc., sobre PCI evolucionan con el paso del tiempo, normalmente hacia mayores niveles de exigencia. En los años 70s en España no existía prácticamente código alguno sobre PCI. En la actualidad disponemos del CTE-DBSI, el RSCIEI, y el RIPCI. Existen edificios, que datan de los años 70s, sin ninguna o muy escasa protección; de los años 80s con un mejor nivel; de los años 90s mejor aún, etc. Es evidente pues, que el cumplimiento por el lugar de trabajo, de los códigos de PCI que le sean de aplicación no facilita “per se», la protección eficaz (teniendo en cuenta el avance de la técnica) que prescriben Directiva y LPRL.
2. Los códigos de PCI son “genéricos” y de “mínimos”. De su aplicación no puede inferirse en modo alguno que se ha realizado una evaluación y corrección del riesgo, teniendo en cuenta la evolución de la técnica, tal como requieren la Directiva y la LPRL. La Guía Técnica de acompañamiento del RSCIEI, establece de forma explícita, que del cumplimiento de este reglamento no puede inferirse que se cumplan los niveles de protección requeridos por la LPRL.
3. El desarrollo de simulacros de emergencia y/o ejercicios de evacuación, sin haber realizado una evaluación técnica previa del riesgo de incendio, considerando diversos supuestos de incendio (escenarios de incendio) que pueden hacer inutilizables determinadas vías de evacuación, y estimar si los tiempos controlados satisfacen unos determinados parámetros de aceptabilidad, sugiere muy poca utilidad.

La evaluación del riesgo de incendio y la ingeniería de seguridad contra incendios. La evaluación ASET-RSET La evaluación del riesgo de incendio en un edificio es un proceso que se puede abordar desde variadas perspectivas, dentro del marco de la ingeniería de seguridad contra incendios. Un método de evaluación, muy intuitivo, que permite comprender la interacción entre las medidas existentes de seguridad contra incendios, y si las mismas son aceptables o no, en cuanto a los niveles de seguridad conseguidos, es el método ASET–RSET. Este método compara dos valores de tiempo, el ASET (Available Safe Egress Time) o Tiempo disponible para una evacuación segura, con el RSET (Required Safe Egress Time) o Tiempo requerido para una evacuación segura. El tiempo ASET comprende el tiempo transcurrido desde que se produce la ignición, en un determinado escenario de incendio, hasta que se pierden las condiciones de sostenibilidad para la vida en el edifico y sus vías de evacuación. Las condiciones de sostenibilidad se expresan en valores establecidos en documentos internacionalmente reconocidos, que pueden incluir visibilidad en metros, concentraciones de gases tales como CO, CO₂, CNH, temperaturas vs. humedad, velocidad del aire, etc. El tiempo RSET comprende el tiempo requerido para lograr la evacuación de todo el personal dentro del edificio, desde que se produce la ignición, hasta el exterior o un lugar seguro. Un determinado diseño de PCI será aceptable si el tiempo ASET es mayor que el tiempo RSET multiplicado por un factor de seguridad, para cada escenario de incendio considerado. El cálculo del ASET se realiza mediante la aplicación de fórmulas matemáticas que permiten evaluar la emisión de humos y gases tóxicos y modelos matemáticos de fuego tales como el FDS (Fire Dynamics Simulator) del NIST. Este tiempo, ASET, será mayor o menor en función de los medios disponibles en el edificio para el control del incendio y sus efluentes, tales como, rociadores automáticos, sistemas de control del humo, limitación de cantidades y tipos de combustibles, compartimentación, etc. El tiempo RSET, comprende la suma de varios intervalos temporales, que incluyen:

1. Tiempo de detección del incendio. Depende del sistema de detección automático disponible: convencional, analógico, de aspiración, llamas, etc.
2. Tiempo de pre-movimiento. Relacionado con el tiempo de investigación de la alarma (real-falsa), sistemas de comunicación de la alarma (alarmas acústicas, comunicación por voz, etc.) y el pre-entrenamiento y preparación para la emergencia de los ocupantes.
3. Tiempo de evacuación y formación de colas. Ligado a la idoneidad de las vías de evacuación, señalización convencional o señalización dinámica e inteligente, etc. Se puede calcular mediante modelos de movimiento de personas, STEPS, LEGION, PATHFINDER, etc., y comprobar mediante simulacros reales.

Parece evidente que un tipo de análisis como el que se acaba de describir, está más en consonancia con lo requerido por la LPRL y la Directiva, en lo que a la evaluación y control del riesgo de incendio se refiere, en los lugares de trabajo. Formación y entrenamiento de los trabajadores Un aspecto crucial, para lograr la efectividad de las medidas implantadas de seguridad contra incendios, es el del conocimiento de las medidas disponibles de PCI por los ocupantes del centro de trabajo, así como la preparación y organización de estos para actuar frente a las emergencias, lo que se debe traducir en la existencia de un Manual de Autoprotección, operativo y debidamente implementado. Los trabajadores deben conocer y cómo operan todas las medidas de PCI, activas y pasivas, con que cuenta su lugar de trabajo. En una inmensa mayoría de casos parece como si las medidas de PCI fueran totalmente ajenas a los trabajadores haciendo más verdad que el “cumplimiento formal” de los códigos sea el de la verdadera utilidad última de la PCI. Simulacros de evacuación, que se realizan sin la adecuada preparación, sin considerar los diversos potenciales escenarios de incendio, proporcionan niveles mínimos de seguridad, y sin embargo, ese tipo de simulacros suelen ser el estereotipo común en el mundo de la prevención de incendios en el marco de la LPRL. En consecuencia, la consecución de un nivel aceptable de seguridad contra incendios en cualquier lugar de trabajo, edificio o industria, debe contar con un programa de formación preventiva en esta materia, impartido con una mínima periodicidad y eficacia, que haga usuarios de los sistemas de PCI existentes a todos los ocupantes. Conclusiones En nuestro país, la sensibilización de la sociedad sobre el riesgo de incendio y las medidas de protección contra incendios es extraordinariamente baja. Se entiende como consecuencia de ello que el cumplimiento de la Directiva Europea 391/89 y de la LPRL 31/95, en lo que se refiere al riesgo de incendio, pueda no haberse percibido correctamente, por los empresarios, las autoridades y los servicios de prevención. La protección de incendios en la mayoría de los lugares de trabajo se suele limitar al cumplimiento de los códigos y reglamentos de PCI que le fuesen aplicables en el momento de su proyecto, construcción o puesta en marcha. Estas medidas de PCI pueden ser insuficientes, pueden no facilitar una protección eficaz, y en cualquier caso no responden en forma alguna al mandato de la LPRL. La LPRL exige realizar una evaluación y corrección del riesgo de incendio mediante una evaluación técnica de acuerdo con el estado del arte tecnológico, propio de la ingeniería de PCI. Para alcanzar un nivel de riesgo de incendio aceptable (ALARP) puede ser necesario recurrir a medidas adicionales de PCI a las requeridas como “mínimos” en los códigos.

El simple cumplimiento de los requisitos normativos de Protección Contra Incendios -PCI-, establecidos por la normativa aplicable a cada edificio, no satisface las obligaciones derivadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales -LPRL- en cuanto a PCI, no garantiza la protección eficaz contra incendios, y genera graves responsabilidades a empresarios y titulares de los diversos centros de trabajo. Cuando se habla de la protección contra incendios en España, lo primero que cabe destacar es la falta generalizada de sensibilidad en nuestra sociedad ante el riesgo de incendio, al contrario de lo que ocurre por norma general en los países anglosajones. En cambio, y de nuevo al contrario de lo que ocurre en el mundo anglosajón, sí que existe una gran preocupación sobre la prevención de conductas antisociales tales como los atracos, robos, ocupación de viviendas, etc. Si se realizase una encuesta para conocer cuál es el concepto que tienen los españoles sobre la PCI, una inmensa mayoría respondería, que la protección contra incendios, consiste en el “cumplimiento legal” de unas normas que el gobierno publica y que se traduce en la obligación de disponer en los diversos edificios e industrias de determinados medios, instalaciones, de PCI, etc., y sin el cual diversas administraciones autonómicas y municipales no expiden la licencia de apertura o la de construcción, etc. Muy pocos ciudadanos, en nuestro país, tienen el mínimo interés en conocer cómo interactúan los diversos medios de PCI, tales como la detección automática, los medios manuales y automáticos de extinción, elementos de compartimentación y evacuación, sistemas de control del humo, etc., con el riesgo de incendio, y consecuentemente en saber cómo funcionan y cuáles están instalados en sus edificios de vivienda o de trabajo. El marco descrito incluye también a muchos de los técnicos profesionales que intervienen en el diseño de los edificios, limitándose a trasladar a los proyectos los requisitos de PCI establecidos en los reglamentos y códigos, generalmente intentando que estos impliquen el menor coste posible para propietarios y promotores. La eficacia de estas medidas se ve cuestionada en ocasiones cuando se producen incendios en edificios que supuestamente contaban con las mismas. Antecedentes Los primeros códigos sobre PCI, en todo el mundo, datan de tiempos muy antiguos, y su publicación por los diversos gobiernos se suele haber producido en un ciclo causa-efecto: producción de un gran incendio con numerosas víctimas al que le sigue una acción legislativa del gobierno. Las primeras medidas requeridas por los códigos de PCI fueron muy simples, acordes con el nivel de conocimiento que se tenía sobre el fuego y los incendios: reservas de agua, techos no combustibles, distancias entre edificaciones, vigilantes de incendios, etc. El avance tecnológico fue facilitando sucesivos recursos, redes de agua, bombas, mangueras y lanzas, extintores portátiles, rociadores automáticos, resistencia al fuego y compartimentación, vías de evacuación, alarmas de incendio, etc., etc., que se fueron incorporando a los requisitos de PCI en los códigos. A partir de los años 1970s se produce un gran avance internacional en el conocimiento del fuego, en su dinámica física y química (“fire dynamics”), lo que impulsa el estudio y definición de la profesión de ingeniería de protección contra incendios. Al día de hoy la carrera universitaria de ingeniería de protección de incendios, se imparte al menos en 40 Universidades en todo el mundo, en los niveles de grado, postgrado y doctorado. Al día de hoy los ingenieros de PCI, pueden seleccionar los diversos escenarios de incendio (combustibles, fuentes de ignición, características de los ocupantes, medios de PCI, etc.) que cuentan con la mayor probabilidad de producirse en caso de incendio en un determinado entorno y predecir su evolución mediante modelos matemáticos, establecer objetivos de protección y criterios de eficacia de forma cualitativa y cuantitativa, etc., mediante métodos de evaluación del riesgo de incendio. Este marco ha impulsado el análisis del fenómeno de los incendios desde un punto de vista técnico y ha generado el diseño prestacional (“performance based design” -PBD-) así como la redacción de códigos prestacionales de PCI. En la actualidad, por tanto, existen dos vías para el establecimiento de las medidas de PCI, la aplicación de los requisitos de los códigos prescriptivos o la aplicación de la ingeniería de PCI, dentro del marco de códigos prestacionales. Con la primera vía, solamente sabemos que “cumplimos el código”, mientras que la segunda nos permite analizar en profundidad posibles escenarios de incendio, objetivos y criterios de aceptación. En cualquier caso, para conseguir niveles aceptables de seguridad contra incendios, se puede seguir un camino u otro, y siempre contar con códigos de PCI bien elaborados y con buenos profesionales de ingeniería de seguridad contra incendios. La vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige, para todos los lugares de trabajo (todo tipo de edificios donde se desarrolle una actividad laboral), la protección eficaz, mediante la evaluación y reducción del riesgo de incendio teniendo en cuenta el avance tecnológico, con la adecuada preparación de los trabajadores en la acción preventiva. El cumplimiento de esta Ley exige obviamente la utilización de los conocimientos disponibles en la ingeniería de seguridad contra incendios y de las tecnologías disponibles de PCI que sean necesarias, con independencia de los requisitos mínimos establecidos en los códigos prescriptivos aplicables. Un poco de historia legislativa En España la legislación sobre protección de incendios en la edificación y en la industria es un proceso relativamente reciente. Hasta bien entrados los años 1970s no estaba disponible ninguna reglamentación técnica sobre protección de incendios. Las primeras normas sobre seguridad contra incendios, que aparecen en nuestro país, fueron las normas NTE-IPF-74 (Normas Tecnológicas de la Edificación-Instrucción de Protección contra el Fuego), publicadas en 1974, y que sirvieron para “normalizar” los diversos medios de protección de incendios en la edificación. En el ámbito de aplicación de las mismas se exponía: “Instalaciones para prevenir la iniciación, evitar la propagación y facilitar la extinción de incendios en edificios con no más de 20 plantas”. Las NTE-IPF-74 describían, en forma esquemática, los diversos sistemas de PCI, determinados procedimientos disponibles para el cálculo de las vías de evacuación, conceptos de resistencia al fuego, extintores, mangueras, hidrantes, columnas secas, rociadores, detectores, etc., y quizás lo más importante, no eran de obligado cumplimiento. La primera Ordenanza municipal de prevención de incendios aparece en Barcelona en 1974. Dos años más tarde, en 1976, el Ayuntamiento de Madrid publica la Ordenanza Primera de Prevención de Incendios, (OPPI 76), de cumplimiento obligatorio. El 10 de abril de 1981, mediante el RD 2059/81 se aprobaba la Norma Básica de Protección Contra Incendios (NBE-CPI-81) que, elaborada por el Ministerio de la Vivienda, fue la primera norma de carácter estatal y obligatorio, con una cobertura amplia para todo tipo de edificios. La NBE-CPI-81 se estructuraba en un contenido central y otro de anexos, en los que se especificaba el contenido obligatorio de los sistemas de PCI con que debería equiparse cada edificio, según el uso y características del mismo. Daba por derogadas cualesquiera otras normas que se opusieran a lo establecido en la misma. Desafortunadamente la vigencia de la NBE-CPI-81 fue efímera, duró solamente hasta el 26 de junio de 1982, cuando el propio Ministerio derogó la obligatoriedad de los anexos, y la dejó prácticamente sin contenido normativo. Diez años más tarde, se publicó la NBE-CPI-91, aprobada por RD 279/91 de 1 de marzo, que fue realmente la primera norma completa y obligatoria para todo el estado español. El 4 de octubre de 1996 por RD 2177/96, la NBE-CPI-91 se convertiría en la NBE-CPI-96, que ha sido la norma estatal de referencia hasta la promulgación del actual Código Técnico de la Edificación (CTE) en 2006. El 3 de diciembre de 2004, mediante RD 2267/2004, se publica el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI). Su objeto es la protección contra el incendio de personas y bienes en industrias y almacenamientos. A este reglamento le acompaña una Guía Técnica de Aplicación, publicada por el Ministerio de Industria. El actual Código Técnico de la Edificación (CTE) ve la luz en el BOE del 17 de marzo de 2006 mediante el RD 314/06. En los Documentos Básicos DB-SI (Seguridad Contra Incendios) y DB-SU (Seguridad de Utilización), se establecen las condiciones de protección de incendios en la edificación. El CTE es un código prestacional que admite soluciones técnicas alternativas. En lo que se refiere a seguridad contra incendios, el objetivo del código es la protección de los usuarios del edificio ante incendios de origen no intencionado. Quedan fuera de su ámbito de aplicación industrias y almacenes. Además de estos dos códigos principales, para industrias y edificios, RSCIEI y CTE, existen otros documentos técnico-legales complementarios: el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), RD 513/2017 del 22 de mayo de 2017, que dispone de una Guía Técnica de Aplicación, cuya última versión es de febrero de 2018, y la colección de normas EN-UNE, que desarrollan el CEN y AENOR, y que establecen los requisitos que deben cumplir los diversos sistemas, equipos e instalaciones de protección contra incendios. Existen otros reglamentos de PCI sectoriales, en actividades tales como las de las centrales y subestaciones eléctricas, los almacenamientos de productos químicos, las instalaciones petrolíferas, etc., que se dejan fuera de esta revisión cronológica. Ley de Prevención de Riesgos Laborales En medio de este discurrir normativo el 8 de noviembre de 1995 se publica en el BOE, con cierto retraso, la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, como trasposición de la obligatoria Directiva Europea 391/89 sobre Prevención de Riesgos Laborales, de 12 de junio de 1989. Con independencia de las reglamentaciones referidas, la Ley de PRL, que no es ajena al riesgo de incendio, obliga a los empresarios a evaluar y corregir el riesgo de incendio en los lugares de trabajo. Y de forma similar a la LPRL, el RD 393/2007 de 23 de marzo que aprueba la Norma Básica de Autoprotección (NBA) de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, obliga a realizar un estudio específico de cada riesgo. En la segunda parte de este artículo se aborda cómo se debe interpretar la Ley de PRL desde el punto de vista del análisis del riesgo de incendio y la aplicación de los conocimientos y herramientas disponibles en la actualidad, en la ingeniería de seguridad contra incendios.

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