El 15 de septiembre ha finalizado la temporada de baños en la mayoría de las localidades. La cantidad de incidentes y la morbimortalidad por ahogamiento continúa subiendo.
Según datos ofrecidos por www.ahogamiento.com desde el 1 de enero hasta el 16 de septiembre de 2024, al menos 437 personas han muerto por ahogamiento (81% hombres, el 19% mujeres y, el 8% tenían menos de 18 años).
En 2023 murieron 422 personas, en lo que llevamos de año han muerto 15 más. 12 muertos por ahogamiento a la semana, sin comentarios.
El 5 de septiembre Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior, en una rueda de prensa dada con motivo del incremento de víctimas de accidente de tráfico durante este verano, dijo:
- “Vamos a redoblar los esfuerzos para rebajar esta cifra de siniestros mortales, porque conseguirlo supone salvar vidas; no vamos a dar un paso atrás en nuestra apuesta por reducir la siniestralidad mortal y grave un 50% de aquí a 2030”.
- “Un solo muerto en carretera es un precio inasumible”.
Estoy totalmente de acuerdo con el ministro de Interior, pero ¿qué ocurre con los muertos por ahogamiento?
- ¿Es asumible el precio de un muerto por ahogamiento?
- Los ciudadanos y ciudadanas ¿no merecemos que el Gobierno haga algo para reducir los ahogamientos?
En septiembre de 2017, en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se presentó una proposición no de ley “Relativa a elaborar un plan nacional en materia de Salvamento y Socorrismo Acuático”. Fue aprobada por unanimidad y se instaba al Gobierno a preparar dicho plan en un plazo de 6 meses. 7 años después seguimos esperando.
¿Alguien puede pensar que los padres, que han sufrido la pérdida de un hijo/a en la piscina de su casa, no hubieran tomado medidas preventivas como vallar la piscina, no dejar al niño/a o solo/a, etc.? La respuesta es que la mayoría habría adoptado las medidas preventivas de haber estado informados sobre la importancia de las mismas.
Estoy seguro que muchas personas adultas y jóvenes, si hubieran sido educadas o informadas sobre la identificación de los riesgos en el mar o aguas interiores, no se habrían aventurado a bañarse sabiendo que es peligroso y, no habrían muerto por ahogamiento u otros accidentes como en la zambullida. Lo mismo que la mayoría no intenta subir al Annapurna con el único conocimiento, habilidad y condición física más que la de saber andar.
¿Qué hace falta para que se considere una muerte
por ahogamiento como un precio inasumible?
Un Plan Nacional
Hay que reducir esta sangría, para ello es necesario:
1.- Tener datos oficiales. No sabemos de forma cierta el número de víctimas de ahogamiento. Cuando hablo de datos uso la coletilla de “al menos”. Esa cifra indica de forma certera el número mínimo de víctimas de ahogamiento, pero no sabemos si hay más. Es imprescindible conocer el problema en profundidad para buscar soluciones.
2.- Establecer un plan nacional que contemple, por lo menos:
- Las obligaciones mínimas de las diferentes administraciones de acuerdo a sus competencias.
- La formación de niños/as en su etapa escolar.
- Campañas de información sobre el ahogamiento.
- El diseño y la implantación del modelo formativo mínimo para obtener la acreditación que certifique que la persona está capacitada para trabajar como socorrista. Hay que evitar el caos que hay en la actualidad.
- La regulación de los servicios de socorrismo, y con ello de las funciones de los/as socorristas, orientada a conseguir unos servicios de calidad.
Con un cartel avisando que la playa no está vigilada, no se evita que haya ahogamientos y, la administración intenta pasar la responsabilidad al usuario.
Llevamos 7 años esperando el cumplimiento de la proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a elaborar un plan nacional en materia de Salvamento y Socorrismo Acuático en un plazo de 6 meses (marzo de 2018).
¿Qué hace falta para que se considere una persona muerta por ahogamiento como un precio inasumible?
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