Este mes de noviembre la Fundación Mapfre ha presentado el Estudio de Víctimas mortales de incendios de 2021[1] como viene siendo habitual en los últimos años. Lo primero que llama la atención en los datos de este informe es el número de víctimas mortales en viviendas que es el más elevado desde que se comenzó a realizar este estudio.
Autor: Javier Larrea. Presidente del Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes
Publicación: Web OPRA www.opra.info • 28 de noviembre de 2022
Las principales conclusiones tras el análisis de los datos de 2021 ratifican las estadísticas de años anteriores:
- Los más vulnerables en los incendios siguen siendo las personas mayores de 64 años.
- La causa principal de la muerte en incendio es la intoxicación por humo y/o gases tóxicos derivados del fuego.
- Las personas que viven solas tienen un riesgo de morir en un incendio cinco veces mayor que quienes viven acompañadas.
- Los meses más fríos concentran la mayoría de las muertes por incendio (64%).
- Los incendios producidos por aparatos o equipos productores de calor fueron los que originaron más muertos por incendio.
Muchas muertes por incendio en vivienda
Han fallecido 204 personas por incendio y explosión, la segunda peor cifra desde 2010. Y los incendios en vivienda han alcanzado el récord de víctimas mortales en incendios desde que se realiza este estudio.
Las 152 muertes en vivienda suponen las tres cuartas partes de todas las víctimas mortales de incendio, lo que debería producir una reflexión importante en los departamentos de los gobiernos responsables de la protección contra incendios.
Resulta notable que apenas se producen víctimas mortales por incendio en los edificios a los que se les exige la mayor protección contra incendios en el Código Técnico de la Edificación -CTE-, por lo que resulta exigible a nuestras autoridades que regulen de una vez las condiciones de protección contra incendios de los edificios de vivienda que es donde hay que poner el foco legislativo.
¿Se puede hacer algo para reducir las víctimas de incendio?
Pues, con toda seguridad se puede hacer algo más de lo que se hace; en primer lugar, nuevas medidas legislativas como he mencionado. La legislación de incendios debería cumplir el fin que declaraba la NBE/CPI-91 hace ya más de 30 años: “establecer las condiciones que deben reunir los edificios para proteger a sus ocupantes frente a los riesgos originados por un incendio”. Treinta años son suficientes para haberse dado cuenta que los edificios de vivienda, al menos no todos, no cumplen esas condiciones de proteger a sus ocupantes que propugna la legislación. Y si el Estado no lo hace, que no parece que lo vaya a hacer, las CCAA, Diputaciones y Ayuntamientos tienen competencias para elaborar Ordenanzas de prevención de incendios que impongan mayor seguridad contra incendios en las viviendas.
Una de estas medidas podría ser la obligatoriedad de los detectores domésticos de incendios en los hogares como ya se hace en gran número de países europeos. En nuestra vecina Francia se aprobó esta Ley en el año 2015.
Además, en el estado español tenemos un tema pendiente que es esa asignatura a nuestra población escolar que les forme en emergencias, prevención de incendios, seguridad vial y primeros auxilios, además de adiestrarles en la RCP y el manejo de desfibriladores. Otros países ya la tienen, tan solo hay que copiarla.
También los servicios de bomberos que son los servicios públicos que tienen encomendada la protección contra incendios de la población deberían dedicar más recursos a la prevención de incendios; un servicio adecuado a la comunidad que protegen debe pasar por implantar programas de formación para la población en edad escolar y especialmente para las personas más vulnerables, o sea para la población mayor de 65 años. Un bombero preventivo puede salvar más vidas que un bombero esperando pasivamente en el parque de bomberos a que los ciudadanos demanden su intervención cuando hay un incendio. El lema de los servicios de bomberos del siglo XXI debería ser “Mas prevención que extinción”.
Hay que cubrir adecuadamente el territorio con parques de bomberos con tiempos de respuesta aceptables, no superiores a 20 minutos. Pero, quienes gobiernan y gestionan la organización de la protección de la población deben ser conscientes que las personas que viven en poblaciones de menos de mil habitantes (en España hay más de cinco mil ayuntamientos menores de mil hab.) tienen un riesgo del doble o más de morir en un incendio, es decir en municipios donde nunca va a haber parques de bomberos profesionales, por lo que han de desarrollar modelos de bomberos profesionales a tiempo parcial, o bomberos voluntarios o voluntarios de protección civil capacitados para la extinción de incendios para atender las emergencias en estas áreas rurales.
Con estas medidas podríamos salvar unas cuantas vidas.
[1] Resulta satisfactorio ver que año tras año la Fundación Mapfre sigue apostando por la elaboración con APTB del “Estudio de víctimas mortales de incendio en España” que yo inicié en el año 2010 y que repetí en los tres años siguientes, 2011, 2012 y 2013 cuando ocupaba el puesto de secretario general de la APTB.
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