Hace unos años un sindicato asturiano denunciaba al Ayuntamiento de Oviedo (Asturias) por el pago de horas extras a unos bomberos por participar en una procesión religiosa. Este año los medios de comunicación se han hecho eco de que Bomberos de Madrid enviaba bomberos de guardia a sacar al “cristo de los niños” en procesión pagando 800 euros a cada participante. Habiendo pasado ya la Semana Santa y la Semana de Pascua traigo a este blog, sin acritud, el asunto de la participación de los servicios públicos en las ceremonias religiosas.
La Semana Santa, para la mayoría de la sociedad actual es una semana festivo-vacacional, pero en su origen es una celebración religiosa católica de gran implantación social en el Reino de España. Para muchas comunidades, y ciudades trasciende lo religioso para convertirse en un reclamo turístico. El arraigo social de algunas tradiciones religiosas como las procesiones de la Semana Santa y la herencia política recibida del régimen predemocrático de alineación ideológica del Estado con la Iglesia Católica ha provocado que se siga manteniendo la participación de las instituciones (del Estado, de las CCAA, de la Diputaciones, Comarcas, Ayuntamientos, Cabildos, Consejos insulares, y de otras instancias de la administración pública) en eventos y celebraciones religiosas.
Aconfesionalidad del Estado
A pesar de la aconfesionalidad del Estado declarada en la Constitución Española, aún es frecuente ver cómo las administraciones españolas hacen suyas muchas de las celebraciones religiosas y no solo subvencionan económicamente la celebración de dichos eventos, sino que dedican grandes recursos públicos (incluyendo el trabajo de muchos de sus funcionarios) a facilitar el adecuado desarrollo de los actos en la vía pública y a garantizar su seguridad. Pero, en ocasiones se va aún más lejos y son los propios funcionarios los que forman parte y son protagonistas en la celebración religiosa en nombre y representación de la institución pública a la que pertenecen. Por ejemplo en Málaga, “algo característico de esta ciudad es la escolta de los cuerpos militares y de seguridad del Estado a los Sagrados Titulares que veneran, como la Brigada Paracaidista, la Legión, la Marina, los Regulares, los Infantes de Marina, la Policía Local o la Guardia Civil”(1).
En muchas ciudades los pasos, tronos, de las procesiones de Semana Santa son acompañados con miembros de los cuerpos de seguridad pública ataviados con sus uniformes institucionales y también ocurre en otros festejos patronales y romerías, en que bomberos, policías y miembros de protección civil custodian o acompañan a los iconos religiosos o imágenes desfilando junto a ellas.
Para algunos, tan acostumbrados a contemplar esta situación como algo absolutamente normal desde su infancia, les puede resultar fuera de lugar que se ponga en cuestión esta costumbre. Los defensores de estas tradiciones argumentan que la participación se realiza de forma voluntaria a título personal. Pero, me temo que no verían con los mismos ojos, una misión voluntaria de bomberos españoles con sus uniformes o de soldados de la Legión en peregrinación a La Meca pagada con el presupuesto de sus ayuntamientos.
Los funcionarios de una sociedad laica
Desde hace años se debate si en un país laico los servicios públicos han de participar en las ceremonias religiosas, pero ahora, en una sociedad en la que empieza a aparecer el culto a otras religiones y que el ateísmo y agnosticismo ganan terreno (cuatro de cada diez se consideran ateos, agnósticos o indiferentes), es más que lógico que resurja el debate y se desee acabar con esta connivencia entre catolicismo y Estado que incrementa el gasto público.
Además, recibir pluses, horas extras, más tiempo libre, o cualquier otro tipo de compensación por asistir voluntariamente a actos religiosos, independientemente de la religión de que se trate, deberían estar proscritas. En todo caso, su participación debe realizarse a título particular y resulta evidente que quienes vayan no deben cobrar dinero público ni tampoco hacerlo en horas de trabajo pagadas por los contribuyentes.
No solo hay una religión en España. Es cierto que el catolicismo es la religión dominante, pero van apareciendo otros cultos que se van extendiendo y que también podrían exigir de la administración la misma atención. Creo que las administraciones públicas no han de participar aportando personal a los actos propios de cada religión, de ninguna manera, ni en procesiones católicas, ni musulmanas ni adventistas, aunque los funcionarios quieran hacerlo con carácter voluntario. Las creencias religiosas y la práctica de una religión es algo personal y ha de realizarse en el ámbito de la esfera privada sin mezclarlo con lo público. Quien desee participar en una celebración o festividad de su religión debería hacerlo a título personal en su tiempo libre y con su ropa y con los gastos a su cargo.
La participación de la administración en los actos y acontecimientos religiosos en que se produce ocupación de la vía pública debería de ser la misma que en los otros eventos organizados por otras entidades culturales. Los funcionarios deben mantener la independencia, no solo política, sino también religiosa para lo que deben mantener la equidistancia entre los cultos religiosos. En ningún caso deberían implicarse, ni participar en la celebración de ningún tipo de acto religioso en representación de la administración. La inercia del pasado que aún tenemos en España debemos ir superándola poco a poco. No es tarea fácil, tenemos mucho que aprender para ejercer la laicidad, para ser un Estado laico de verdad.
Creo con absoluta convicción que religiones y Estado deben mantener la mayor separación posible. Los ejemplos que vemos en el mundo en que se mezclan la religión y el Estado, su dios y el gobierno, las creencias y la Ley, para erigirse en teocracias, producen pavor.
(1) http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa_en_M%C3%A1laga
Sin acritud: creo que debería informarse un poco mejor; la presencia de las instituciones en las ceremonias religiosas son muy anteriores al Régimen Franquista, se mantienen en la tradición española documentada desde el siglo XIV; se ha mantenido incluso en los momento de mayor oposición a la Iglesia Católica, durante nuestro convulso siglo XIX. También le animo a plantearse si su confusión entre estado aconfesional, que significa no decantarse por alguna creencia concreta, y estado laico, en el sentido contrario a la religión católica, tiene cabida en este Observatorio. Si tanto le preocupa el gasto institucional en actividades de representación por desfilar por las calles, tal vez debería promover otra web más adecuada. Aprovecho para saludarme muy atentamente.
Buenos días Antonio,
En primer lugar debo dejarle claro que este artículo está publicado en mi blog personal, por lo que todo lo que está escrito en mi blog se refiere a opiniones personales y no son de OPRA.
En segundo lugar tras releer el artículo veo que “Franco” o “franquismo” no son palabras que yo hay utilizado en el texto, Son palabras suyas en su comentario, no mías.
En tercer lugar, yo no he fijado el origen de la participación de los funcionarios públicos en el franquismos que usted dice, tan solo hago alusión al arraigo social que adquirieron las procesiones religiosas,
Puede que en el artículo no figure suficientemente clara la diferencia entre aconfesionalidad y laicidad, pero no se preocupe que distingo perfectamente bien entre la aconfesionalidad establecida en la CE y la laicidad que poco a poco va reclamando una mayor parte de la sociedad y donde intento situar el debate que yo no me he inventado y que cada día está más presente en la sociedad como puede comprobarse en los medios de comunicación.
Y para acabar quiero aclararle, a pesar de lo que usted haya podido interpretar, que mi artículo “del blog” no tiene ninguna intencionalidad en contra de ninguna religión, ni contra la católica ni contra ninguna otra; que mis convicciones declaradas claramente en el último párrafo no están en contra de las religiones ni de nadie, sino más bien a favor de que los estados mantengan la necesaria separación con las religiones, sean cuales sean.
Saludos,
Totalmente de acuerdo.
Al igual que en los acontecimientos deportivos, más que con nuestra mínima presencia, de carácter preventivo.
Es inconcebible que se de “luz verde” a acontecimientos de “ALTO RIESGO”, se garantice la seguridad con fondos públicos.
La suficiencia y eficiencia de los servicios públicos en la gestión de las emergencias se debe garantizar evitando un uso inadecuado e impropio de los mismos.
En este sentido coincido con el fondo de la exposición de Javier Larrea.
Cada confesión religiosa que asuma sus necesidades y ornamentos. No debe ser a costa de los servicios públicos, que tienen otras importantes responsabilidades y funciones que cumplir.
Eludo otras consideraciones por no abrir un largo debate que entiendo no sería objeto de este foro.
Saludos
Gracias, Vicente,
creo que has entendido perfectamente el espíritu y fondo del artículo.
Saludos,
Buenas tardes, Javier.
Me ha encantado tu argumentario sobre la inconstitucionalidad de la participación de servidores públicos en activo y uniformados en actos religiosos. Otra cosa diferente es participar, como profesionales, en la regulación del tráfico, llámese policía local, pero, de ninguna manera, acompañando a políticos en las procesiones. Lo que yo he podido presenciar, hace muy pocos años, durante mis vacaciones, no me lo podía creer y me daba verdadero sonrojo. Compañeros míos uniformados de gala, de otra latitudes más al sur, acompañando al patrón o patrona, virgen o santo y, por supuesto, al alcalde o alcaldesa más los correspondientes ediles. Espero
y confío en que todas las connotaciones religiosas desaparezcan pronto de los servicios públicos, normalmente, policíasby militares, aunque también, como bien señalas, bomberos. Muchas gracias Javier por alimentar este debate.
Ciertamente, Cesar,
como apuntas, cuando se recorre la geografía de la piel de toro se aprecian notables diferencias de norte a sur en este tema.
Saludos,