Esta es una de las conclusiones del estudio “La siniestralidad vial en España” que presentaron la semana pasada Mutua Madrileña y la Fundación Gaspar Casal junto con el Grupo de Trabajo en Economía de la Salud de la Universidad de Murcia, que firma esta investigación integral sobre el impacto socioeconómico y sanitario de la siniestralidad vial en España en el periodo comprendido entre 2008 y 2019.
Autor: Javier Larrea. Presidente del Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes
Publicación: Web OPRA www.opra.info • 11 de abril de 2022
El estudio contiene un análisis exhaustivo de la siniestralidad en este periodo y ofrece datos muy completos sobre su evolución además del coste socioeconómico. Contiene información muy detallada por comunidades autónomas.
Entre la información que proporciona este estudio se puede destacar la siguiente:
- Entre 2008 y 2019, ambos inclusive, se registraron en España 1.113.963 accidentes de tráfico con víctimas, un 40,5% de los cuales tuvo lugar en vías interurbanas y el 59,5% restante en vías urbanas.
- La evolución de los heridos graves u hospitalizados ha sido particularmente favorable en España, descendiendo desde 2010 hasta 2019 a una tasa interanual del 4% de manera ininterrumpida.
- Una conclusión es que la tasa de accidentes con víctimas o tasa de accidentalidad por cada cien mil habitantes, que al principio del periodo se cifraba en 193 accidentes por cada cien mil habitantes, experimentó un descenso hasta 2012 y, desde entonces, muestra un perfil ascendente que la ha situado en 214 siniestros por cien mil habitantes.
- En el caso de los fallecidos, se confirma un considerable incremento de la participación en la cifra total de los peatones (del 12% de 2008 al 20% de 2019) y de quienes viajaban en motocicletas (del 19% al 32%). En estos once años se ha producido un aumento en la cuota de las víctimas más vulnerables (peatones y motociclistas) sobre el total de hospitalizados graves a consecuencia de accidentes de tráfico.
- Si consideramos el acumulado en todo el periodo, se registra el máximo absoluto de la tasa cada 100.000 habitantes entre 15 y 24 años (52,5 por cien mil en el caso de los hombres y 20,8 por cien mil, en el de las mujeres). A partir del siguiente tramo de edad, las tasas de hospitalización descienden, para volver a crecer con la edad a partir de los 55 (mujeres), alcanzándose un máximo relativo en el tramo de 75 a 84 años, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres.
En la estadística de víctimas mortales de accidentes de tráfico en 2020 que publicamos en esta web a finales del año pasado ya podíamos observar que las muertes de peatones, ciclistas y motoristas ascendía al 55%. El incremento de los fallecimientos de peatones ya nos está indicando que las ciudades se están convirtiendo en unos escenarios de mayor riesgo para los viandantes.
La prevención de accidentes de tráfico en los municipios
En las vías urbanas la DGT no tiene ninguna competencia, así que los ayuntamientos deberán mover ficha. Las autoridades están echando la culpa a las distracciones (caminar mirando el móvil -que hasta los ciclistas lo hacen-) y a las nuevas formas de movilidad: como el mayor uso de la bicicleta y la aparición de los patinetes eléctricos. Pero, a pesar de que se ha ido reduciendo el espacio a los vehículos en las ciudades (peatonalización) y reduciendo la velocidad permitida en los centros urbanos, seguramente algunas responsabilidades deberán asumir las autoridades municipales. ¿O no?
¿Qué se podría hacer?
En los ayuntamientos hay dos áreas o departamentos que se ocupan de este asunto, el de Circulación y el de Policía Municipal o Local; pues bien, ambos o uno de ellos debería realizar estudios y análisis minuciosos de cada accidente que se produce en la ciudad desde una perspectiva preventiva y con la finalidad de prevenir accidentes; no solo elaborar atestados muy bien cumplimentados para atribuir la responsabilidad, la culpa y la multa correspondiente. Debería ser una obligación municipal adquirir un conocimiento más minucioso de todo lo relacionado con la accidentalidad. Y del análisis de los datos obtenidos debería extraerse información suficiente como para poder detectar puntos negros de la ciudad y corregir todo aquello que se considere que pueda reducir accidentes.
Y no vale solo con medidas legislativas o coercitivas. Prevenir los accidentes de tráfico es algo más que limitar la velocidad del tráfico en la ciudad a 30 km/h. La prevención municipal tiene que ser una acción educativa en la que estén implicados políticos y funcionarios.
Tengo la percepción de que hay una absoluta sequía de campañas de prevención de accidentes en general. Y en cuanto a programas sistemáticos de prevención de accidentes de tráfico brillan por su ausencia, aunque seguro que entre los 8.000 ayuntamientos españoles habrá alguna excepción. Y no me estoy refiriendo a las pseudo-campañas de un día, o un rato, en que aparecen los alcaldes o concejales en una foto celebrando el Día sin coches, o cualquier otro día, con un titular para los medios locales contando que se está impartiendo una charla en uno o varios colegios. ¡No, eso no es prevención, eso es propaganda! Los programas de prevención tienen que ir dirigidos a toda la población y todo el tiempo, tienen que tener continuidad en el tiempo, no pueden ser actos aislados o esporádicos.
Los ayuntamientos tienen una gran labor que realizar en materia de prevención, lo deben hacer y lo pueden hacer. Naturalmente, poner en marcha un programa preventivo no es gratis, hay que realizar una planificación, asignar recursos, dedicar personal y disponer de una partida presupuestaria para poder ejecutar. Pero, el esfuerzo preventivo merece la pena.
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